Libro: Estado, pensamiento crítico y políticas públicas LIBRO IIESES 2018 | Page 272

272 restrictiva cuando se pretenda limitarlo. 4. El IVAI, como organismo garante autónomo en materia de acceso a la información y protección de datos personales en la Entidad veracruzana, debe procurar que en el desempeño de su labor administrativa –materialmente jurisdiccional– se vean incorporados los nuevos estándares de protección de los derechos humanos en México. Es decir, que cuando advierta alguna conflictividad de derechos fundamentales como en el caso de la protección de datos personales de los contribuyentes y el acceso a la información fiscal, realice un adecuado ejercicio de ponderación basado en técnicas de pesos y contrapesos para dotar de contenido, certeza y alcance a cada uno de los derechos en pugna y de esta manera determinar la prevalencia de uno sobre otro, en cada caso concreto, pero privilegiando siempre el principio constitucional de máxima publicidad. El acceso a la información tributaria en tratándose de casos de defraudación al fisco o montos económicos no enterados o enterados incorrectamente, permitiría como valor agregado contar con un instrumento mediante el cual la sociedad puede evaluar el desempeño de la autoridad fiscal para recaudar eficientemente y evitar la evasión y elusión tributarias en el territorio veracruzano. 5. Finalmente, se requiere a estas alturas de un empuje comprometido por parte de la ciudadanía –apropiada de los derechos que le asisten– para cuestionar, evaluar y rebatir la asertividad de los actos y decisiones estatales de la que es receptora, como parte del perfeccionamiento del aparato burocrático que se cierne sobre ella y, de esta manera, transitar hacia un mayor nivel de beneficio colectivo. V. CONCLUSIONES 1. Como puede observarse, la accesibilidad informativa acogida en la Entidad veracruzana como derecho fundamental, oponible a los entes detentadores de la potestad pública, se ha entendido como un instrumento democratizador de las acciones del gobierno y un mecanismo jurídico de protección de la persona y su dignidad humana, fincado en las exigencias ciudadanas por medio de las cuales el Estado debe abrir las compuertas de los arcanos gubernamentales y proveer la información que se le requiriere. Empero, con toda probabilidad, una de las discusiones más polémicas