Libro: Estado, pensamiento crítico y políticas públicas LIBRO IIESES 2018 | Page 264

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Sin embargo, bajo la expectativa de conocer ciertos aspectos públicos de
índole tributaria, la transparencia y accesibilidad informativa estatal se advierten
disminuidas y, en el peor de los casos, anuladas a los ojos del ciudadano con
base en el Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
el cual confluye con la antedicha ley en el acorazamiento de información que
pueda poner en riesgo la confidencialidad y reserva legal que protegen los datos
personales de los contribuyentes y la efectividad de los diversos procedimientos
administrativos dispuestos para la captación de recursos económicos por
concepto de tributos en el territorio veracruzano.
El análisis que nos ocupa en esta oportunidad, dirige sus afanes a exponer
de forma general, y necesariamente sucinta, el estado de la cuestión latente en
Veracruz con relación al régimen de secretos y la reserva de la información
tributaria en el marco de un necesario gobierno abierto.
II. MARCO JURÍDICO DE LA TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA EN LA ENTIDAD VERACRUZANA
El marco constitucional que actualmente regula la transparencia y acceso a la
información pública en Veracruz, configura un vanguardista y deseable régimen
de gobierno abierto fincado en la participación proactiva de la ciudadanía para
vigilar y evaluar el desempeño de sus autoridades en el cumplimiento de las
atribuciones y tareas que jurídicamente le han sido encomendadas. De esta
manera, la forma en que las autoridades veracruzanas se relacionan con los
gobernados en el intercambio de datos e informaciones bajo su resguardo, se
percibe con mayor apertura y dinamismo.
La Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
(CPEV), en este contexto, reconoce explícitamente en su Artículo 6º el derecho
de las personas de acceder a cuanta información pública exista en manos de los
sujetos obligados:
Artículo 6. […]
Toda persona gozará del derecho a la información, así como al de acceso,
rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de sus datos personales,
frente a los sujetos obligados.
En el Estado, los poderes públicos, organismos autónomos, ayuntamientos o
concejos municipales, entidades paraestatales y paramunicipales creadas por
uno o más ayuntamientos, organizaciones políticas; los fideicomisos, fondos