Libro: Estado, pensamiento crítico y políticas públicas LIBRO IIESES 2018 | Page 263

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La apertura en la organización y desarrollo institucional hacia el
conocimiento de la sociedad, ha contribuido en buena medida a la paulatina
desestructuración de los más anquilosados secretos y el combate a la
corrupción; lo que la ha convertido en factor imprescindible que favorece la
aplicación y vigencia del estado de derecho en toda la extensión del territorio
mexicano.
De esta manera, la rendición de cuentas ha asumido un papel primordial
en el contexto nacional y local, motivada por el principio constitucional de máxima
divulgación en aras de hacer visibles la generalidad de actos y gestiones que se
generan en los diversos recintos de actuación del Estado. Suele pensarse, y no
sin razón, que la falta de publicidad de los actos gubernamentales violenta la
dignidad de las personas al privarles de las herramientas informativas
trascendentales en la defensa de sus intereses – individuales y colectivos–, al
mismo tiempo que transgrede el control social del buen gobierno, permeado éste
por el interés general.
La democracia contemporánea, desde estas consideraciones, requiere de
una ordenación jurídica que constreñida a la garantía y protección del derecho
fundamental de acceso a la información y el principio de diafanidad de la
actividad estatal, genere las mejores condiciones normativas e institucionales
para permitir al ciudadano su participación en la toma de decisiones
trascendentales para el avance y perfeccionamiento de la cosa pública. Las
reformas constitucionales locales en materia de transparencia y rendición de
cuentas, han favorecido sin duda el robustecimiento de la legitimidad y confianza
de los actos de gobierno frente a una sociedad agraviada por el lastre del
engaño, la maquinación y el secreto de un país, todavía opaco, que resiste la
derogación de su tendencia patrimonialista en el resguardo de informaciones y
datos bajo su poder.
La Entidad veracruzana como parte integradora de la Federación, en
ejercicio de su soberanía y a la luz de una ley marco, participa de los escenarios
de regulación normativa local a través de la Ley Número 875 de Transparencia
y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave, que instrumenta la posibilidad de los ciudadanos para buscar, solicitar,
investigar, difundir y recibir cualquier tipo de información de naturaleza pública
en manos de los sujetos obligados.