Libro: Estado, pensamiento crítico y políticas públicas LIBRO IIESES 2018 | Page 235

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cuestionado al Estado, y principalmente los resultados que la administración
pública, en sus tres niveles (federal, estatal y municipal), por la falta de
transparencia en la aplicación y comprobación de los recursos públicos.
Esto nos invita a la siguiente pregunta: ¿Cómo exigir el manejo y
aplicación correcta de los recursos públicos a los encargados de la
administración pública?, ¿Existe forma de exigir la rendición de cuentas, y en su
caso, determinar una responsabilidad administrativa o penal ante desviaciones
en uso de los recursos públicos?
Debemos recordar que se confiere a la administración pública, la gestión
de los recursos públicos, en consecuencia, es esfera del campo de aplicación
del derecho administrativo, ya que hay una gestión en un servicio público, en
consecuencia, hay una competencia de juicio administrativo y aplicación del
derecho administrativo.
En este sentido, el derecho administrativo reglamenta la organización y el
funcionamiento de la administración pública y las relaciones del Estado con ésta;
tiene por objeto específico la acción administrativa de la gestión pública, y
establece los medios en que un particular dispone de los medios de derecho
esenciales para hacerse devolver justicia contra los actos de administración.
Desde el punto de vista normativo, el derecho financiero da cuenta de la
organización de los procesos relativos a las presentaciones del presupuesto
público, sin embargo, las finanzas públicas, no son un ente abstracto, sino que
tiene implícito la operación de los recursos público a través de la gestión pública
de los encargados de la administración pública. De ahí que toda vez que la
administración pública no tendrá jamás el poder de la acción espontánea, sus
competencias no serán jamás de pleno derecho: éstas deben ser expresamente
previstas por un texto o por un principio jurídico. De aquí se desprende que la
rendición de cuentas, más que un proceso de legitimación del Estado ante la
sociedad, desde el punto de vista político, debe ser desde el punto de vista
funcional, el elemento que permita evaluar la gestión pública de los recursos
públicos, en donde la materia pendiente es la transparencia de la información
financiera.
V. PROPUESTA: ACCIÓN DIRECTA CONTRA LA CORRUPCIÓN O
ALERTADORES CIUDADANOS