Debido a la represión estatal que implicó
el asesinato de líderes sociales, las
aproximadamente
16
masacres
de
comunidades indígenas en las que se
vieron afectadas 623 aldeas, Guatemala
comenzó a ser blanco de sanciones y
aislamiento internacional, aunque el
gobierno de este país justificaba sus
acciones como una táctica en contra del
comunismo. El terror terminó con la caída
del
bloque
socialista
en
1989,
representada con la caída del Muro de
Berlín, cuando el comunismo ya no era
amenaza alguna.
El año 1999, tomó importancia debido a
que en este año Bill Clinton ofreció una
disculpa a la comunidad maya por
proporcionar
apoyo
militar
y
de
inteligencia para reprimir de manera
violenta a las comunidades indígenas. Esto
desmoronó
los
argumentos
de
exfuncionarios que siempre negaron el
holocausto; sin embargo, lo más relevante
fue que Rigoberta Menchú, junto con otros
activistas, interpusieron una demanda
judicial en contra del expresidente Efraín
Ríos Montt y otros oficiales de alto mando.
Las batallas legales no terminarían hasta
2009
con
órdenes
de
arresto
internacionales para siete oficiales. El caso
fue reabierto en 2015 para seguir el proceso
legal en el que solo Ríos Montt, ex jefe de
Estado, fue declarado culpable, mientras
José Mauricio Rodríguez Sánchez, ex jefe de
inteligencia militar, ya había sido absuelto
desde el 2013. Un nuevo caso fue abierto en
el 2018 para analizar más de cerca el
genocidio de la comunidad ixil que fue
comprobado dos veces ante tribunal. Pese
a esto, las investigaciones de este caso
siguen abiertas.
En Búsqueda de Justicia
Al comenzar la nueva era, activistas
sociales alzaron la voz para hacer notar y
reconocer esta serie de asesinatos
sistemáticos, pues hasta ese momento el
gobierno
guatemalteco
negaba
la
existencia de algún genocidio durante la
guerra civil. La activista más notable y
principal representante del movimiento
maya, Rigoberta Menchú, afirma la
existencia de dicha matanza. Para 1994, se
conformó
la
Comisión
para
el
Esclarecimiento Histórico (CEH). “La
comisión debía elaborar un informe
y hacer recomendaciones para preservar
la memoria de las víctimas, sin
individualizar responsabilidades, y sin
ningún efecto judicial” (Cédulas Museo
Memoria y Tolerancia, 2013). En 1996, el
presidente en turno, Álvaro Arzú Irigoyen,
aceleró el proceso de negociaciones de
Paz en el que estuvo presente la ONU
como moderadora.
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