Lex Scripta Octubre 2019 | Page 10

Protesta de mujeres de la comunidad ixil Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP), la Organización del Pueblo en Armas (ORPA), el Comité de Unidad Campesina (CUC), el Partido Guatemalteco del Trabajo (PGT), las Fuerzas armadas Rebeldes (FAR), la Organización del Pueblo en Armas (ORPA). Todas estas organizaciones fueron conformadas en su mayoría por campesinos indígenas de la comunidad maya. Para Molden, “la situación de los mayas, marcada por la explotación, la ausencia de derechos políticos y la pobreza, hizo que esta alianza pareciera inevitable” (2015, p. 9). Sin embargo, para los revolucionarios, los campesinos no representaban el ideal de la rebelión y los mayas debían cambiar, pues su cultura e historia no tenían nada que ver con el comunismo por lo que se comenzó un exterminio sistemático en contra de los mayas. Le Bot señala que el grupo revolucionario “no supo evitar que esta guerra, que consideraba ‘necesaria’ y que pretendía ser de liberación, se volviera la peor de las guerras contra los mayas, desde la Conquista” (1997, p.296). Para la década de los ochenta, la popularidad del movimiento guerrillero hizo tambalear al Estado anticomunista a tal grado que el gobierno, ya manipulado por EE.UU. y dirigido por los generales Fernando Romeo Lucas García y Efraín Ríos Montt, subordinó el control de estos levantamientos a las fuerzas armadas y dio autorización para llevar a cabo una ofensiva contrainsurgente desde la capital hasta la frontera colindante con México. Esta decisión resultó en represión, torturas y exterminio a regiones indígenas, no solo de parte del ejército, sino de otros grupos de derecha clandestinos. Cabe destacar que también se persiguió a jueces y abogados para impedir la protección a los derechos humanos. Palencia (2011) asegura lo siguiente:  "El peor exterminio social de la América Latina contemporánea se había realizado para apagar la revolución y los focos de rebeldía. La especificidad de este exterminio social fue que, en la mayoría de los casos, se realizó como política de "tierra arrasada" contra población indígena desarmada del altiplano. La violenta verdad del Estado que hizo de los comunistas o campesinos rebeldes en las constituciones de 1956 y 1965 no-ciudadanos y no-humanos, se mostró como extensión de la dominación histórica concretada al temor de que "el indio baje de la montaña", lo cual, finalmente, dio como resultado que se considerara enemigo de Estado al indígena-subversivo-comunista. Una vez aplastada la rebelión e instaurado el terror, era hora de llamar a los capitales huidizos y de volver a hacer negocios bajo la democracia representativa"  (párr. 12) 7