Lex Scripta Noviembre 2019 | Page 37

El día 8 de octubre, se detuvieron a algunos de los principales sospechosos de haber participado en la desaparición forzada, Osvaldo Ríos Sánchez y Miguel Ángel Ríos Sánchez, quienes confesaron su involucramiento en los hechos, ambos miembros del grupo delictivo Guerreros Unidos. El día 9 de octubre, la Procuraduría General de la República (PGR), encontró en la comunidad de Pueblo Viejo, en el paraje de La Parota, se hallaron 4 fosas con 8 cadáveres, esta vez tampoco los restos pertenecían a ninguno de los estudiantes desaparecidos. El día 13 de octubre, el entonces procurador de la República, Jesús Murillo Karam, informó que aparentemente, elementos policiales de Iguala entregaron a los normalistas a fuerzas policiales del Municipio vecino de Cocula, quienes a su vez los entregaron al grupo delictivo de Guerreros Unidos. Miembros capturados de Guerreros Unidos declararon que los estudiantes, cargados en dos camionetas fueron llevados al basurero municipal de Cocula. En el trayecto debido al hacinamiento y las ataduras, 15 estudiantes perdieron la vida. El resto fue interrogado brevemente, antes de que se les disparara en la nuca, para luego ser arrojados a la parte baja del basurero, donde se inició un fuego, que supuestamente duró horas y que los restos de los cuerpos fueron triturados y arrojados al Río San Juan. El 7 de noviembre la PGR confirma la teoría del homicidio masivo en el basurero municipal de Cocula. El 27 de enero, se hizo pública la teoría, de que el grupo de Guerreros Unidos, vinculado a José luis Abarca, había secuestrado, asesinado e incinerado a los 43 estudiantes. Ya que supuestamente entre los normalistas había miembros del grupo rival Los Rojos, por lo que los miembros de Guerreros Unidos decidieron asesinar a todos. Como era de esperarse, debido a la falta de pruebas y sustento científico, los padres de familia se negaron aceptar los resultados de la investigación, e insistieron que sus hijos seguían vivos, ya que no existían las pruebas que demostraran lo contrario. E incluso en ese momento el ahora Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Andrés Manuel López Obrador, expresó “El gobierno mexicano quiere dar carpetazo al crimen para que México regrese a la 35