normalidad como si fuese un asunto menor”. Debido a las críticas el
entonces Presidente, Enrique Peña Nieto, estableció que se iba a
continuar con las investigaciones hasta que se encontrara a los
normalistas.
De acuerdo a la Fiscalía Estatal de Guerrero, el 27 de septiembre se
detuvieron a 280 policías municipales de Iguala, de los cuales solo a 21
se les abrió carpeta de investigación por su participación en los hechos.
El alcalde de la ciudad de Iguala, José Luis Abarca, como todo político
mexicano, declaró que no tenía conocimiento de los hechos y que el se
encontraba en la fiesta del DIF, organizada por su esposa, que si a la
fiscalía le parecía competente que se le investigara.
Sin embargo, el 30 de septiembre, este último solicitó licencia para
ausentarse de su cargo por un mes, tras el cual se dio a la fuga, junto
con su esposa. Al día siguiente el gobernador guerrerense, Ángel
Aguirre Rivero anunció la emisión de una orden de presentación en
contra del exalcalde y el Secretario de Seguridad Pública municipal,
Felipe Flores, primo de José Luis Abarca. Por su parte, el secretario
general del PRD, Alejandro Sánchez Camacho, anunció a los medios de
comunicación la decisión de que José Luis Abarca quedaba expulsado
definitivamente del partido.
Los hechos del 27 de septiembre, evidenciaron que el presidente
Enrique Peña Nieto no tenía control del país y no sabía cómo dirigirlo.
Hasta la fecha no se han encontrado ni los restos de los normalistas
desaparecidos, por lo que el actual presidente de México, Andrés
Manuel López Obrador ha instruido la creación de la Comisión para la
Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa, está fué instalada
el 15 de enero de 2019 y está a cargo de la Secretaría de Gobernación
(SEGOB).
Esperemos que muy pronto se encuentren al menos los restos de los
normalistas, para que esto traiga un cierre, un cierre a uno de los
eventos que más dolor le han traído a nuestro país en los últimos años.
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