Esta violencia no conoce fronteras, no se
limita ni por la edad, estrato económico,
raza, cultura o creencia religiosa. Se trata
de una violencia que nos obliga a todos,
sin excepción, a tomar medidas y hacerle
frente. El asesinato perpetrado por razón
de género es la máxima expresión de
violencia que se comete simple y
llanamente por el hecho de ser mujer.
Estos actos son un ataque directo al
derecho a la vida y a la integridad de las
mujeres.
Dicha reforma establece que, con base en los
antecedentes sociales, históricos y culturales
de opresión contra la mujer, es imperativo
que se tomen medidas para contrarrestar de
cierta forma el hecho de que se está
atentando contra el principal derecho que
todo ser humano debe gozar sin exclusión
alguna, el derecho a la vida. El derecho a una
vida libre de discriminación y de violencia se
ve reflejado en la obligación de la autoridad
de actuar con el fin de combatir a los
estereotipos que impiden el pleno y efectivo
ejercicio del derecho a la igualdad.
Aunque los instrumentos normativos
del Estado han logrado un progreso en
sancionar el delito de feminicidio en
México, el aumento y la evolución de
esta transgresión requiere urgentemente
de que este delito sea considerado
dentro de los estipulados graves en la
Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos y en el Código
Nacional de Procedimientos Penales.
La reforma del artículo 19 de la
Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos para incluir al
feminicidio como un delito calificado que
requiere de prisión preventiva oficiosa
presentada por la diputada Silvia Lorena
Villavicencio Ayala, perteneciente al
partido Movimiento Regeneración
Nacional (Morena), presentada el jueves
15 de noviembre del 2018, es un gran
paso en pro al cambio de contexto al que
las mujeres se enfrentan en la actualidad.
La violencia de género es inadmisible. Por
lo mismo, es necesario crear un marco
jurídico más puntual y eficaz para combatir
y terminar con la impunidad que desgarran
nuestro tejido social. El objetivo de la
propuesta es clasificarlo como un delito
grave que requiere la prisión preventiva
oficiosa por su alta relevancia y el nivel
delictivo que presenta. Sin lugar a duda, si
esta reforma se aprueba se tendrá la
capacidad de mejorar el statu quo que se
vive día con día y, de alguna manera,
ayudará a que las personas que se ven
envueltas en este tipo de situaciones posean
un mecanismo mejorado para enfrentarse
con el agresor.
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