LA ECONOMÍA DE MÉXICO EN EL TLCAN: BALANCE Y PERSPECTIVAS FRENTE AL T VOLUMEN 19-LA ECONOMIA-VERSION DEFINITIVA-17-MAYO- | Page 849

GOBERNACIÓN AMBIENTAL EN MÉXICO
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bre acerca de los movimientos transfronterizos de residuos peligrosos, sobre
todo de dirección norte-sur (Jacott, Reed y Winfield, 2001). En la era del
TLCAN, la generación y transporte transfronterizo de residuos peligro-
sos continuó; podría afirmarse que en el contexto de un arreglo institucional
más estructurado; empero, la existencia de datos fidedignos que brin-
den confianza de una mejor gestión de esos residuos sigue siendo cuenta
pendiente, sobre todo en México donde —como apuntan Castillo et al.
(2013)— el asunto ha sido poco estudiado.
El riesgo ambiental y social que implica la generación y transporte trans-
fronterizo de residuos peligrosos no ha dejado de estar presente, sobre todo
en el lado sur, y a ello se adiciona la aún insuficiente infraestructura am-
biental requerida para ese fin: tradicionalmente en México los residuos
generados se han recogido y transportado indiscriminadamente, y han sido
eliminados en sitios inseguros e ilegales (Knight, 1998; Castro y Santes-
Álvarez, 2002); y aunque para el caso de los residuos peligrosos hoy se
cuenta con sitios específicos —como los existentes en Coahuila y Nuevo
León—, los expertos señalan que no hay certeza sobre el destino final del
100% de los residuos generados, sea que permanezcan en México o retor-
nen a su lugar de origen en Estados Unidos (Mariscal, 2016). Cabe recordar
que, en lo relativo al régimen de maquiladoras, la Ley General del Equili-
brio Ecológico y Protección del Ambiente (LGEEPA) estipula (Art. 153, frac.
VI) que tanto materiales como residuos peligrosos producidos en procesos
donde se utilizó materia prima introducida al país bajo dicho régimen,
deberán retornar al país de procedencia (Cámara de Diputados, 2017a).
El problema de los residuos peligrosos tiene mucho que ver con su ma-
nejo y transporte transfronterizo incontrolados o inciertos, pero el desem-
peño de la burocracia mexicana también tiene un papel principal en la
situación (EPA-Semarnat, 1996; Liverman et al., 1999; Jacott, Reed y Win-
field, 2001; Mariscal, 2016). Aun en el supuesto de una normatividad
ambiental insatisfactoria, por largo tiempo la burocracia se ha encargado de
minimizar o hacer caso omiso de la existente. Ejemplo de ello es la posibi-
lidad de inspeccionar satisfactoriamente a los generadores y/o transporta-
dores de residuos peligrosos por parte de la autoridad. En su estudio sobre
la gestión de residuos peligrosos en Tijuana, Mariscal descubre una sentida
incapacidad por parte de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente
para cumplir con su responsabilidad, pues para un total de 1 006 empresas
asentadas en el municipio y registradas bajo el régimen de Industria Ma-
nufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (de las cuales 830
ejercen actividades de modalidad industrial), la dependencia apenas conta­
ba con cuatro inspectores; de ellos, dos estaban asignados a la vigilancia en