LA ECONOMÍA DE MÉXICO EN EL TLCAN: BALANCE Y PERSPECTIVAS FRENTE AL T VOLUMEN 19-LA ECONOMIA-VERSION DEFINITIVA-17-MAYO- | Seite 847
GOBERNACIÓN AMBIENTAL EN MÉXICO
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y Respuesta a Emergencias, Recursos de Información Ambiental, Preven-
ción de la Contaminación, y Aplicación y Cumplimiento Cooperativos. Al
iniciar el nuevo siglo, sin embargo, una evaluación académica concluía que,
aunque México y Estados Unidos habían realizado progresos importantes
al cobijo de Frontera XXI, con el programa sustituto Frontera 2012, el im
pulso había disminuido (Rohy, 2003). Entre uno y otro programa, el discur
so ambientalista oficial respecto a la contaminación y el resto de problemas
ambientales pasó de “abatir” a “reducir”. Por otro lado, Frontera 2012 con
vocó a una nueva organización de los grupos de trabajo del programa ante
rior. No sin sorpresa, declaró la desaparición de los grupos de agua, aire y
residuos peligrosos, los que fueron incorporados a nuevos “grupos de trabajo
de toda la frontera”. Los problemas antes atendidos por esos grupos pasa-
ron a ser discutidos al interior de “foros de política”. Por ejemplo, la labor
del grupo de trabajo sobre residuos sólidos y peligrosos (centrada en su-
pervisar los movimientos y efectos transfronterizos de los residuos peligros,
así como el desarrollo de nuevos sitios de eliminación y el mantenimiento
o limpieza de sitios antiguos) fue subsumida en esos foros (Belenky, 1999;
EPA y Semarnat, 2003; Santes-Álvarez, 2009).
Por razón de las lecciones de Frontera XXI y Frontera 2012, se advirtió la
necesidad de establecer un proceso de evaluación ambiental transfronterizo
para proteger comunidades de potenciales impactos negativos. En adición,
se consideró imperioso poner en marcha programas conjuntos para atender
problemas, en los cuales participaran interesados de varios sectores como
la industria, organizaciones de la sociedad civil, agencias gubernamentales
y las comunidades (Rohy, 2003). Evidentemente, los logros de los pactos
ambientales, desde el Acuerdo de La Paz hasta Frontera 2012, fueron limi-
tados. Es factible que ello encuentre explicación en las características propias
de esas iniciativas; no obstante, debe repararse en que todas han sido gesta-
das en el seno de los gobiernos nacionales; por tanto, solamente responden
al estilo de gobernación que México y Estados Unidos han estado en dispo-
sición de consentir. Esta especificidad quedó perfectamente dibujada en
1944, cuando ambos países acordaron la creación de una instancia técnico-
burocrática con amplio margen de actuación para atender los problemas
de límites y aguas transfronterizas, la Comisión Internacional de Límites y
Aguas (CILA). Concebida como un arreglo conservador, comandado por
expertos ad hoc (esencialmente ingenieros), la CILA ha sido y sigue siendo
reacia a la inclusión de voces alternativas en sus procesos decisorios (San-
tes-Álvarez, 2009). Aun cuando los pactos ambientales abordan objetivos
diversos —que van más allá de los asuntos de aguas—, y en ellos se registra
la participación de actores no formales como organizaciones de la sociedad