LA ECONOMÍA DE MÉXICO EN EL TLCAN: BALANCE Y PERSPECTIVAS FRENTE AL T VOLUMEN 19-LA ECONOMIA-VERSION DEFINITIVA-17-MAYO- | Page 798

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ARTURO ALCALDE JUSTINIANI
gado de la realidad e ilustrativo de la mentalidad y la parcialidad de quienes
elaboraron tales conclusiones.
En virtud de las consideraciones anteriores, sería coherente con las in­
tenciones planteadas en la reforma, que se transitara hacia el sistema oral.
Varias razones lo justifican: en primer lugar, que en otras ramas del derecho
en México ya se aplican este tipo de juicios, por lo que resulta coherente
que también se haga extensivo al ámbito laboral; en segundo término, la
experiencia internacional acredita que es el mejor método para lograr jui­
cios rápidos y justos por sus principios de inmediatez con el juez, concen­
tración en los procesos y transparencia y en tercero, que este método de
solución de controversias tiene las características idóneas para esta rama
del derecho social.
Al respecto, agobian las noticias de que existe una alta concentración de
juicios acumulados tanto en el ámbito federal como el local, agravada por
la de que las Juntas desaparecerán. Se ha bajado la guardia, han expresado al-
gunos magistrados o magistradas de tribunales colegiados, haciendo notar
que ahora hay menos amparos que antes (comunicación personal). Sería
lamentable que se confirmara esta noticia, por ello es fundamental operar la
transición con perspectiva de futuro.
No existe justificación alguna para que los gobiernos limiten aún más
los presupuestos para las juntas locales, como sucedió en la Junta Federal
de Conciliación y Arbitraje (JFCA), en la que abruptamente se redujo el per­
sonal. En el futuro procedimiento se debe tomar en cuenta que en materia
federal solo un pequeño número de entidades públicas constituyen el grue­
so de la materia de trabajo, entre ellas el IMSS, Petróleos Mexicanos (Pemex),
la Comisión Federal de Electricidad (CFE), y las controversias de seguri­
dad social, incluyendo las Afore. Carece de sentido que el IMSS no pueda
contar con un mecanismo que evite tanto desgaste litigioso, o que no se ha­
yan implementado mecanismos para agilizar, por ejemplo, las notificacio­
nes, cuando se trata de la misma empresa. Se dice que muchos de los juicios
han generado un costo mayor al Estado derivado del propio litigio, que si
se hubiese pagado al trabajador la totalidad de lo reclamado al inicio del
juicio.
Por lo que se refiere a la materia local, convendría también reconocer
que un inmenso número de juicios son de cuantía menor, y que podrían
resolverse a través de un juicio sumario para evitar desgastes a patrones y
trabajadores, más aún cuando la controversia es simple y las pruebas de
fácil desahogo.
En cuanto al órgano descentralizado federal, la reflexión generada en el
foro se ha concentrado en dos aspectos. El primero con relación a su titular,
que provendrá de una terna presentada por el presidente de la República al