LA ECONOMÍA DE MÉXICO EN EL TLCAN: BALANCE Y PERSPECTIVAS FRENTE AL T VOLUMEN 19-LA ECONOMIA-VERSION DEFINITIVA-17-MAYO- | Seite 792

802 ARTURO ALCALDE JUSTINIANI tor empresarial de poner altos requisitos sólo a la vía forzada —con empla­ zamiento— y dejar libre la pacífica. En síntesis, no resulta fácil la solución a la grave situación de ilegalidad y simulación existentes, si se omite valorarla de manera integral y en con­ traste con un modelo sustentable en donde la transparencia, la democracia y las relaciones auténticas, sean las que operen a nivel del sindicato, la negociación colectiva y la justicia laboral. En virtud de este dilema fundamental, es que se ha planteado con razón que los procedimientos y requisitos se valoren integralmente. Esto implica, por un lado, no exigir que se acredite la mayoría previamente a los emplaza­ mientos de huelga, porque con ello se hace nugatorio este derecho humano fundamental; y por el otro, que los trabajadores sean adecuadamente con­ sultados en el curso de la vía pacífica (sin emplazamiento). Finalmente, la reforma al artículo 123 —incluyendo el requisito de ma­ yoría— formó parte del dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Justicia, de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Le­ gislativos Segunda, del 5 de octubre de 2016, el cual fue sometido a vota­ ción y aprobado por mayoría. La votación se dividió en dos: el PAN, el PRI (salvo un senador) y partidos anexos, votaron a favor; mientras que los partidos de izquierda votaron en contra. Los segundos reconocían el avan­ ce obtenido con el cambio en el sistema de justicia, y la inclusión del voto secreto como condición previa para obtener la firma de un contrato colec­ tivo de trabajo, pero estaban en contra de imponer un requisito de imposible cumplimiento en relación a los emplazamientos de huelga, porque implica­ba una calificación que requería prácticamente de un recuento previo con to­ das sus formalidades. Basta imaginar lo que significa un recuento sólo para emplazar a huelga y después, en caso de estallar, otro recuento para obtener una calificación favorable a los trabajadores, por lo que su voto en contra se debió a que consideró que el derecho de huelga estaba poniéndose en juego. Cabe recordar algunos hechos del día de la votación. Primero, que estu­ vo presente la representación de la Coparmex al lado de los senadores del PAN, y junto a los representantes del PRD, encabezados por Miguel Barbo­ sa y Manuel Bartlett, del PT y afiliado a Morena, estuvieron los dirigentes de la UNT. Luego, el gracioso hecho de que un senador de la Confedera- ción de Trabajadores de México (CTM), representante del Estado de Méxi­co y del PRI, manifestó que “no conocía el dictamen y se tenía que retirar de la sesión”, pero que “votaba a favor”. En tercer término, Isaías González Cue­ vas —senador también del PRI y líder de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC)— planteó una argumentación muy sólida en contra del proyecto, señalando que inhibiría el derecho de huelga, demostrando que no se podría cumplir con los requisitos impuestos, por