LA ECONOMÍA DE MÉXICO EN EL TLCAN: BALANCE Y PERSPECTIVAS FRENTE AL T VOLUMEN 19-LA ECONOMIA-VERSION DEFINITIVA-17-MAYO- | Page 788
798
ARTURO ALCALDE JUSTINIANI
mió una decisión que difícilmente hubiera tomado sólo por las quejas in
ternas, independientemente de que estuvieran plenamente identificadas.
En segundo, la ruta deseable a seguir en el futuro inmediato, es que el
gobierno mexicano acepte el ofrecimiento de asistencia técnica que le ha
hecho la OIT para la instrumentación de la reforma, lo cual sería tomar el ca-
mino correcto para lograr que no se frustre su contenido y se aprovecharía
la experiencia de la propia OIT. Sin embargo, hasta ahora el gobierno ha
ocultado el ofrecimiento de la OIT, a pesar de que éste fue expreso, por lo
que convendría que en México exigiéramos por todos los medios el aprove
chamiento de esta gran oportunidad.
U NA VÍA RÁPIDA PARA EL PROCESO LEGISLATIVO
Desde el principio fue claro que el gobierno pretendía aprobar la iniciativa
de reforma constitucional en el menor tiempo posible, buscando lograr el
apoyo de las fracciones de los partidos de izquierda en ambas cámaras,
especialmente en la de Senadores, donde fue presentada.
Como se sabe, el gobierno impone su voluntad al Partido Revoluciona
rio Institucional (PRI) y los partidos anexos —como el Partido Verde Eco
logista de México (PVEM) y el Partido Nueva Alianza (PANAL)—, por lo
que la duda se presentaba respecto al PAN, el Partido de la Revolución
Democrática (PRD) y el Partido del Trabajo (PT). En el caso del PAN, como se
ha señalado, el tema de la desaparición de las juntas era un reclamo añejo,
aunque en los dos sexenios en que ocupó la Presidencia de la República,
su posición fue de férrea defensa del tripartismo y de un claro entendimiento
con el sindicalismo corporativo, todo ello con el fin de responder a la po
sición histórica de las asociaciones empresariales.
Por una parte, fue tan repentino el proceso de aprobación de la reforma
constitucional que, por lo visto, los empresarios no tuvieron mucho tiempo
para reaccionar en su contra. Por otra, hay que destacar que existían diferen-
tes puntos de vista en el seno de la fracción panista, ya que algunos sena
dores simpatizaban con un cambio en la materia, especialmente en relación
con la necesidad de consultar a los trabajadores antes de ejercitar la huelga
o de firmar los contratos colectivos de trabajo. Como antecedente, en la refor-
ma de 2012, la izquierda junto con el PAN votó mayoritariamente en fa-
vor de la modificación al artículo 399 Bis de la LFT, que implicaba la consulta
democrática, intento que se frustró contradictoriamente en la Cámara de
Diputados, ya que un grupo de legisladores panistas de corte empresarial
se opuso a toda costa a que se pusieran en riesgo los contratos de protec
ción patronal de los que sacaban múltiples ventajas. Finalmente, La posición