LA ECONOMÍA DE MÉXICO EN EL TLCAN: BALANCE Y PERSPECTIVAS FRENTE AL T VOLUMEN 19-LA ECONOMIA-VERSION DEFINITIVA-17-MAYO- | Page 775

REFORMA LABORAL EN MÉXICO 2017
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ral para que éste se ajustara en el futuro a las necesidades del país, enten­
diendo que el bienestar de la población debía ser de interés común. Para
lograr estos avances, señalaron que se requería superar los vicios corpora­
tivos y las prácticas de simulación que impedían un verdadero diálogo
productivo entre trabajadores y empresarios, y que en consecuencia había
la necesidad de incluir políticas públicas que coadyuvaran a un proceso de
modernización integral. También destacó el reclamo de contar con un sis­
tema de justicia que no estuviera controlado por el Poder Ejecutivo Federal
o local, y que —en cambio— podrían ser jueces de lo social, laborales, in-
dependientes o vinculados al Poder Judicial, señalando que lo importante
era que el juzgador no estuviera controlado como sucedía con las Juntas de
Conciliación y Arbitraje (formalmente tripartitas, pero siempre sujetas a la con-
signa del Poder Ejecutivo Federal o local). 1
En fin, ante el fracaso de las negociaciones se generaron varias iniciativas
de ley de reforma laboral, que —en resumen— respondieron a dos visiones del
mundo del trabajo distintas. El sector democrático reclamaba, además de la
desaparición de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, la creación de un
Registro Público Nacional de Sindicatos y Contratos Colectivos, y de un Ins-
tituto de Salarios Mínimos, Productividad y Reparto de Utilidades. La se­
gunda visión consistía en poner en el centro la flexibilización del mercado de
trabajo y la reducción de garantías para los trabajadores, así como la inclu­
sión de reglas colectivas que permitieran consolidar los llamados contratos de
protección patronal.
La posibilidad de cambio en el sistema de justicia ni siquiera se admitió
como tema de diálogo.
L A REFORMA LABORAL DE 2012
La reforma laboral de 2012 tuvo como punto de partida una iniciativa pre­
sidencial de Felipe Calderón, que contó con el apoyo de Javier Lozano
—entonces secretario de Trabajo—, la cual era sumamente lesiva para los
trabajadores. Sugería, por ejemplo, la posibilidad de la subcontratación con
tan sólo cubrir los derechos mínimos expresados en el salario y la seguridad
social, pretendía abaratar el despido mediante la limitación de los sala-
rios caídos en caso de juicio —culpando a los trabajadores de la lentitud de
las Juntas de Conciliación y Arbitraje (JCA)— y, en general, hacía suyas las
pretensiones empresariales del sector más conservador.
1
La inoperancia del sistema de justicia fue acreditada por múltiples ejemplos en estas comi­
siones, a propósito de la parcialidad de dichas instancias y la gigantesca influencia que ejercía
el sector empresarial en sus decisiones.