LA ECONOMÍA DE MÉXICO EN EL TLCAN: BALANCE Y PERSPECTIVAS FRENTE AL T VOLUMEN 19-LA ECONOMIA-VERSION DEFINITIVA-17-MAYO- | Página 774

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ARTURO ALCALDE JUSTINIANI
U N LARGO ANTECEDENTE
Desde la campaña del candidato presidencial Carlos Salinas de Gortari en
1987, se anunció el intento de llevar a cabo una reforma laboral. El tema
era impulsado principalmente por el sector empresarial, que buscaba darle
un sustento normativo a prácticas que se llevaban a cabo en sentido con­
trario al marco legal, como la contratación precaria de los trabajadores, el
pago por horas y la indebida clasificación del personal como trabajadores
de confianza; todo ello en un esquema de salarios bajos y férreo control
gremial.
Durante varios años se realizaron reuniones y foros, y ya en el sexenio
de Ernesto Zedillo, en el año 2000, Carlos Abascal —entonces dirigente de la
Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex)— definió
este proceso como la necesidad de una “Nueva Cultura Laboral”. Ocupan­
do ya el cargo de secretario de Trabajo y Previsión Social en el gobierno de
Vicente Fox, el mismo Abascal convocó a un “Diálogo Nacional” sobre el
tema a través de distintas instancias tripartitas, para integrar una Comisión
Central y otra de Elaboración, en la búsqueda de un proyecto de reforma
laboral.
Las comisiones trabajaron por más de un año. Sin embargo, fracasaron
en su intento, toda vez que no había intención de transitar hacia la trans­
formación que requería el país, sino —por el contrario— preservar los vi­
cios que agobiaban el modelo laboral. Por una parte, los representantes del
sindicalismo tradicional convocados buscaban que nada cambiara; por otra,
el sector empresarial alegaba que el proceso de globalización obligaba a
reducir el carácter protector de la ley laboral y reclamaba un proceso de
flexibilización en temas puntuales, entre ellos, la estabilidad en el empleo
mediante nuevos contratos temporales, así como la legalización de la sub­
contratación y el pago por horas sin prestaciones, y la imposición de obs­
táculos al ejercicio del derecho de huelga y a las demandas de titularidad del
contrato colectivo, para consolidar lo que ellos consideraban un derecho
patronal irrenunciable: designar al sindicato que afiliase a sus trabajadores.
En paralelo, las propuestas de transparencia, democracia gremial, partici­
pación de los trabajadores en la negociación colectiva y cualquier referencia
al voto secreto, fueron rechazadas de inmediato. Los sectores empresariales,
del sindicalismo oficial y del gobierno nunca estuvieron de acuerdo, ni si­
quiera para analizar la propuesta de la representación del sindicalismo
democrático, el cual ocupaba dos lugares en la mesa representando a la Unión
Nacional de Trabajadores.
Es importante mencionar que esta representación incluyó dentro de su
propuesta integral, la necesidad de realizar un diagnóstico del modelo labo­