LA ECONOMÍA DE MÉXICO EN EL TLCAN: BALANCE Y PERSPECTIVAS FRENTE AL T VOLUMEN 19-LA ECONOMIA-VERSION DEFINITIVA-17-MAYO- | Page 633
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GEORGE A. DYER, ALAN HERNÁNDEZ S., PABLO MEZA P., ANTONIO YÚNEZ N.
regresividad en el gasto que entonces justificaron una nueva estrategia de
desarrollo (Levy y Van Wijnbergen, 1994).
Sin menoscabo de la importancia del comercio exterior, el mayor escollo
en el desarrollo agropecuario y rural de México reside en el ámbito de la
política interna. Se requiere, en primera instancia, que sus objetivos sean
atendidos explícita y cabalmente. Para ello será necesario, a su vez, que la
intervención del Estado no profundice la enorme inequidad que caracteri-
za al país; que los apoyos productivos sean plenamente extensivos a los
hogares rurales, particularmente aquellos en situación de pobreza; y que
se privilegie la inversión estatal en la provisión de bienes y servicios públi-
cos —no los privados—, como ha ocurrido desde hace décadas.
No hay garantía de que la administración pública esté facultada para
efectuar una reforma de esta naturaleza, mientras persistan los conflictos
de interés que inciden desde hace décadas, en la conducción simultánea de
la política agropecuaria y de desarrollo rural que ejerce la SAGARPA. Sobre
estos conflictos, en el panorama actual de la renegociación del TLCAN, por
ejemplo, se esperaría que con la contracción de las exportaciones disminu-
yera la producción y el precio de frutas y hortalizas en México, así como el
empleo y el jornal agropecuario. La SAGARPA reconoce una responsabili-
dad nominal tanto con los trabajadores agrícolas como con los producto-
res. Para aliviar las repercusiones en el ingreso de la población desempleada
en el campo, la SAGARPA podría recurrir a programas de empleo tempo-
ral en proyectos de inversión pública, después de todo, la “generación de
empleos atractivos que propicien el arraigo en el medio rural” es parte in-
tegral de su misión. Sin duda, la adaptación al cambio climático requiere de
tal inversión. Y sin embargo, el gasto del PEC no está orientado al fomen-
to del empleo (Robles, 2013). No sorprende, por ello, que después de dé-
cadas de modernización del campo, el valor del trabajo de los pequeños
productores mexicanos siga deprimido y, debido al subempleo rural, sea in-
cluso inferior a su ya bajo precio en el mercado laboral (Hernández, 2017).
Apuntalar el valor del jornal es elevar el costo de la mano de obra y an-
titético a la noción de mantener la rentabilidad del sector agropecuario
empresarial, sea cual sean las circunstancias. Incluso sostener directamente
el ingreso rural a través de transferencias sociales a los hogares —como el
programa Progresa/Oportunidades/Prospera— tiende a reducir la oferta de
trabajo rural no calificado, elevando el salario agrícola. La SAGARPA ha
procurado que no sea este el caso del PROCAMPO, al que ha insistido sin
éxito en convertir en un programa “productivo”. En el Ramo 8, el fiel de la
balanza siempre se ha inclinado a favor del interés comercial del campo,
convirtiéndose en un obstáculo al desarrollo rural. El mismo concepto de
“el campo mexicano” como entidad discernible y cohesiva en la documen-