LA ECONOMÍA DE MÉXICO EN EL TLCAN: BALANCE Y PERSPECTIVAS FRENTE AL T VOLUMEN 19-LA ECONOMIA-VERSION DEFINITIVA-17-MAYO- | Page 629
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GEORGE A. DYER, ALAN HERNÁNDEZ S., PABLO MEZA P., ANTONIO YÚNEZ N.
se reúsa a asignar recursos del Ramo 8. Su participación en este supuesto
objetivo “transversal” de la política federal es notoriamente escasa. Por
ejemplo, en la Cruzada Nacional Contra el Hambre (CNCH) de la adminis
tración de Peña Nieto, donde su principal programa de seguridad alimenta
ria, el Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria (PESA), está presente
en sólo 6.9% de los municipios identificados por la CNCH como priori
tarios (CONEVAL, s/f), y representa menos del 4% del gasto sectorial.
Sobre otros presuntos objetivos del ramo, como corregir las disparidades
del desarrollo regional, puede afirmarse que en la mayoría de los casos no
se han perseguido o, incluso cuando se ha ejercido un gasto, no se han
logrado. 19 Es pertinente llamar la atención a la carencia de proyecciones
formales oficiales del sector agropecuario, posteriores al análisis de Levy y
van Wijnbergen (1994), como se realizan rutinariamente en Estados Uni-
dos, tanto en el gobierno como la academia. 20 La SAGARPA no mantiene
modelos que hagan posible el diseño y evaluación sistemática de su políti-
ca ante inevitables contingencias, dependiendo por consiguiente de las
proyecciones oficiales estadounidenses, que suponen un sector agrícola
homogéneo en México. Las implicaciones son múltiples. Análisis comisio-
nados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, tras la primera dé-
cada del TLCAN, mostraron que lejos de funcionar como compensación a
los productores de subsistencia por la liberación comercial, como se aducía,
el PROCAMPO difícilmente logra compensarlos por los efectos indirectos
y perniciosos de los subsidios a productores empresariales en el norte del
país (Sumner y Balagtas, 2007; Dyer, 2007).
De los posibles efectos de la política sectorial en la economía y el ingre-
so rural, el análisis formal de escenarios está completamente ausente, omi-
sión que podría catalogarse como negligencia por parte de la SAGARPA,
quien preside la Comisión Intersecretarial de Desarrollo Rural Sustentable
(CIDRS), responsable de la planeación y armonización de la política rural
federal a través del PEC. La estrategia ha sido, pues, suponer que el efecto
indirecto (o multiplicador) del sector agropecuario sobre la economía y el
ingreso rural sería fortuitamente suficiente para lograr un “desarrollo ru-
ral integral”. Como puede apreciarse, no lo ha sido. Tal estrategia es reflejo
19
Estos objetivos incluyen: i) conducir el desarrollo armónico del medio rural; ii) fomentar
la conservación de la biodiversidad y el mejoramiento de la calidad de los recursos naturales;
iii) revertir el deterioro de los ecosistemas, y iv) valorar las diversas funciones económicas,
ambientales, sociales y culturales de las diferentes manifestaciones de la agricultura nacional.
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La excepción son los dos estudios comisionados por la SAGARPA al programa académico
Food and Agricultural Policy Research Institute (FAPRI) de la Universidad de Misuri y a la
agencia de Servicios de Investigación Económica (ERS) del Departamento de Agricultura
(USDA).