LA ECONOMÍA DE MÉXICO EN EL TLCAN: BALANCE Y PERSPECTIVAS FRENTE AL T VOLUMEN 19-LA ECONOMIA-VERSION DEFINITIVA-17-MAYO- | Seite 628
LAS REFORMAS DE MERCADO, EL TLCAN Y LA POLÍTICA AGROPECUARIA
633
contrario, fue el resultado deliberado de los programas de Apoyos a la Co-
mercialización, incluyendo el Ingreso Objetivo.
Como se dijo, ambos programas pretendieron acotar temporalmente el
apoyo a la transformación del sector tras su liberalización, para lo cual ago
taron aproximadamente la mitad del presupuesto sectorial entre 1995 y
2005. Sin embargo, ambos han perdurado hasta la actualidad, lo que ha de
colegirse es debido a los intereses privados que crearon, más que al interés
público. Es decir, a principios de siglo, cuando el precio de los granos y
forrajes alcanzó mínimos históricos, el Ingreso Objetivo pudo justificarse
bajo la necesidad de asegurar la rentabilidad del subsector de básicos ante
el daño de importaciones fuertemente subsidiadas (Rosenzweig et al., 2000;
Wise, 2009). Pero es difícil explicar las persistentes y cuantiosas transferen
cias al subsector, siendo que los precios de dichos cultivos repuntaron hace
más de una década. En la administración de Peña Nieto, su justificación
parece radicar exclusivamente en un “objetivo estratégico”, enteramente
desvinculado de sus objetivos generales; éste es, sencillamente, incremen-
tar la producción de granos y oleaginosas.
Otro elemento común de la estrategia modernizadora, como se recorda-
rá, ha sido garantizar la soberanía y la seguridad alimentaria a través de la
oferta interna de alimentos baratos, particularmente granos y forrajes. Que
este es un objetivo nominal —y que carece de lógica en el contexto de una
economía abierta con mínima intervención del Estado— lo demuestran los
hechos y sus repercusiones. Por una parte está la creciente dependencia en
importaciones para satisfacer la demanda interna de alimentos básicos, que
ha redundado en una balanza comercial notoriamente volátil (gráfica 1);
por la otra, la ausencia de mecanismos de estabilización de precios al con-
sumidor. También es notoria la renuencia del gobierno a participar en la
importación de granos o, alternativamente, evitar el ejercicio del poder de
mercado de que gozan grandes importadores y distribuidores privados
(Araujo-Enciso, 2011). Las contradicciones y arbitrariedad son claras: sien-
do México un tomador de precios internacionales, el gobierno encuentra
justificación para garantizar de forma selectiva un ingreso mínimo al pro-
ductor empresarial cuando los precios son bajos. Al mismo tiempo, cuando
éstos son altos, el gobierno no reconoce su responsabilidad profesa de ga-
rantizar la oferta de alimentos baratos (Dyer y Taylor, 2011).
En conjunto, la ausencia de subsidios al consumo y el pírrico apoyo a la
pequeña agricultura y la de autoconsumo sugieren que garantizar la segu-
ridad alimentaria de la creciente población rural que vive en la pobreza es
también un objetivo marginal de la política sectorial. En efecto y no obstante
la retórica oficial, el consenso a través de varias administraciones parece ser
que tal objetivo es responsabilidad de la política social, a la que la SAGARPA