LA ECONOMÍA DE MÉXICO EN EL TLCAN: BALANCE Y PERSPECTIVAS FRENTE AL T VOLUMEN 19-LA ECONOMIA-VERSION DEFINITIVA-17-MAYO- | Page 41

REFLEXIONES GENERALES SOBRE EL T-MEC
41
Lo anterior es importante cuando vemos que una de las facultades del
Presidente de la República, de acuerdo con el artículo 89 de la propia Cons-
titución, es la de:
X. Dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales, así como ter­
minar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular
declaraciones interpretativas sobre los mismos, sometiéndolos a la aprobación
del Senado. En la conducción de tal política, el titular del Poder Ejecutivo obser­
vará los siguientes principios normativos: […] la igualdad jurídica de los Esta­
dos; la cooperación internacional para el desarrollo; el respeto, la protección y
promoción de los derechos humanos […].
Como hemos visto a lo largo de este texto, el USMCA/T-MEC contiene
una serie de efectos negativos para nosotros como mexicanos en materia
de: agricultura, soberanía para negociar acuerdos comerciales con distintos
países, derechos digitales, en materia automotriz, respecto al comercio
transfronterizo de servicios, medioambiente, corrupción y solución de
controversias. Por tanto, de ratificarse y que México sea parte del mismo,
tal y como ahora está planteado en el proyecto enviado al Senado de la Re­
pública, tendría elementos inconstitucionales y violatorios a los derechos
humanos de todos nosotros.
I NFORMACIÓN OFICIAL Y DERECHO A LA INFORMACIÓN
El párrafo segundo del artículo 6° constitucional establece que “Toda perso­
na tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a
buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier
medio de expresión”, complementado con el párrafo inicial del apartado A
del mismo artículo:
Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y orga­
nismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, par­
tidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona
física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de
autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser
reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en
los términos que fijen las leyes. En la interpretación de este derecho deberá preva­
lecer el principio de máxima publicidad. Los sujetos obligados deberán documentar
todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, la
ley determinará los supuestos específicos bajo los cuales procederá la declaración
de inexistencia de la información.