Cuadernos del GESCAL. Año 1, No 1, Agosto de 2013 73
busca deslegitimar a las guerrillas convirtiéndolas en cárteles de la droga, sin ningún carácter político, y que además emplean el terrorismo como instrumento fundamental en su lucha. En este sentido, la negación de los orígenes sociopolíticos del conflicto social y armado, así como el carácter político de las guerrillas, supone cerrar las posibilidades de ningún tipo de negociación política con ellas, y contribuye a justificar, en virtud de su carácter“ terrorista”, cualquier método de lucha, legal o ilegal.
Esta reconstrucción social del conflicto fue utilizada por el gobierno de Uribe, apoyado por los medios de comunicación, como instrumento de guerra psicológica de la PSD. Este proceso de cambio de concepciones también se produjo en EEUU, cuando desde finales de los años noventa se empezó a construir la visión de Colombia como un posible Estado fallido, amenazado por el narcotráfico y los grupos armados( Tokatlian, 2008).
2.1.3. Resultados de la política uribista frente al conflicto armado
La PSD ha logrado reducir la presencia de las FARC en el territorio, mermar su capacidad de combate y asestarle duros golpes, entre los que destacan los asesinatos de miembros del Secretariado como“ Raúl Reyes” e“ Iván Ríos” en 2008. Asimismo, ha conseguido disminuir la mayoría de los indicadores de violencia como secuestros, extorsiones, homicidios, sabotajes y acciones subversivas( Vargas, 2010:207).
Sin embargo, el objetivo principal de la PSD que era acabar con las FARC no pudo conseguirse. De hecho, varios especialistas hablan de una progresiva adaptación de la guerrilla a la nueva situación de la guerra, mediante un repliegue que la retrotrae“ a la estrategia clásica de la guerra de guerrillas”( Zuluaga, 2009:89). Al mismo tiempo, se sostiene que los paramilitares desmovilizados durante el primer gobierno de Uribe han regresado a sus organizaciones( Estrada, 2009).
Por otro lado, los costes en términos de derechos humanos han sido cuantiosos. La lista de escándalos relacionados, tanto con su vulneración como con la guerra sucia del Estado, es demasiado larga:“ las vinculaciones con el paramilitarismo y el narcotráfico, los millones de desplazados por el conflicto, la persecución y asesinato de sindicalistas y líderes de organizaciones sociales, el escándalo de los falsos positivos y las fosas comunes como la de La Macarena, el espionaje ilegal montado por el DAS [ Departamento Administrativo de Seguridad ], etc.”( Quintanar y Von Oertel, 2010:46) 42. A estos, quizá habría que añadir la apropiación ilegal de tierras o los efectos sobre el medioambiente de las fumigaciones aéreas para erradicar cultivos de coca. Pero sobre todo, hay que subrayar la gran impunidad que reina alrededor de todas estas cuestiones. Por último, también hay que señalar la criminalización de la que fue objeto cualquier movimiento socio-político, o forma de protesta social contrario a sus políticas, mediante la acusación de connivencia con la guerrilla.
En el plano internacional, por otro lado, la estrategia militarista de Uribe también ha tenido importantes repercusiones negativas. En primer lugar, hay que tener en cuenta que, mientras los gobiernos de Bush y Uribe pasaban por una luna de miel, el contexto latinoamericano, por el contrario, daba un giro significativo respecto a sus relaciones con EEUU. El triunfo de Hugo Chávez en Venezuela( 1999), Néstor Kirchner en Argentina( 2002), Lula en Brasil( 2003), Evo Morales en Bolivia( 2006) y Rafael Correa en Ecuador( 2006), entre otros supuso un giro político hacia la izquierda en la región. Ello produjo, por tanto, una convergencia en las críticas a la hegemonía de EEUU en el subcontinente, así como hacia las políticas neoliberales y sus graves consecuencias.
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Sobre el fenómeno paramilitar Véase VVAA( 2007).