Cuadernos del GESCAL. Año 1, No 1, Agosto de 2013 72
a la PSD como al conflicto colombiano, en un contexto internacional concreto cuyos cambios es preciso observar para una posterior valoración acerca de su viabilidad o vigencia. Como expresa Jaime Zuluaga, la PSD,
(…) se orientó al fortalecimiento, reestructuración y profesionalización de las Fuerzas Militares, la creación de nuevas unidades de combate, la recuperación de territorio y el fortalecimiento de la justicia. El gobierno sostiene que no hay guerra ni conflicto armado sino amenaza terrorista financiada por el narcotráfico y enmarcó la PSD en la‘ cruzada mundial contra el terrorismo’ de la administración Bush con los costes que esto implica en democracia y derechos humanos( Zuluaga, 2009:83).
Del primer aspecto señalado por Zuluaga, puede mencionarse el incremento del pie de fuerza de las FFAA, que pasó de 295.000 hombres en 2002 a 429.000 mil en mayo de 2010. De esta forma, el Ejército colombiano supera en número de efectivos al ejército brasileño. Pero además, la PSD incluía otros elementos: la declaración del estado de conmoción interior; un impuesto de seguridad 41; el establecimiento de zonas de Rehabilitación y Consolidación; la formación de los llamados“ soldados campesinos”; una amplia red de informantes civiles; la creación de programas de recompensas; o la aprobación de un Estatuto Antiterrorista, que confería facultades de policía judicial a las fuerzas militares, autorizaba la interceptación de llamadas telefónicas y permitía detenciones sin orden judicial( Moreano, 2005:110; Forero, 2011:6-7).
Por otro lado, la PSD no pudo ser económicamente viable sin un importante incremento del presupuesto en el que la financiación procedente de EEUU, mediante el Plan Colombia, fue fundamental. Como ya afirmamos anteriormente, el Plan Colombia pasó de tener un enfoque antinarcóticos, durante la era Clinton, a otro abiertamente antiinsurgente durante los gobiernos de Bush.
Además de lo dicho hasta el momento, el gobierno de Uribe inició un diálogo de negociación con los grupos paramilitares con el objetivo de conseguir su desmovilización. Estos diálogos estuvieron precedidos por la controvertida aprobación de la Ley 782 de 2002, por la que se excluyó la declaratoria de status político como condición para negociar con las Autodefensas Unidas de Colombia( AUC), sin necesidad, por lo tanto, de reconocerlos como actores políticos del conflicto( Gómez, 2006:73). Más adelante realizaremos algunas valoraciones sobre los resultados de este proceso.
2.1.2. La PSD y la reconstrucción social del conflicto armado
Otro de los componentes importantes de la política de Álvaro Uribe frente al conflicto social y armado, viene dado por otra cuestión a la que Jaime Zuluaga señalaba, al referirse a que el gobierno de Uribe sostenía que no hay guerra ni conflicto armado, sino amenaza terrorista financiada por el narcotráfico. Efectivamente, el cambio que supone pasar de concebir a las guerrillas como“ insurgentes” o“ subversivos” a“ narco-terroristas” o“ narco-guerrillas”, es de suma importancia. Analicemos algunas cuestiones al respecto.
Como afirma Conor Gearty la palabra“ terrorista” ya no define una técnica de violencia sino a un tipo de persona en el marco de acciones subversivas contra el orden establecido( 1997: 16-17). Además,“ Narco-terrorista”, alude al narcotráfico como la actividad económica delictiva que define al actor. La finalidad política de esta reconstrucción del conflicto armado
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“ El 12 de agosto de 2002 el gobierno nacional impuso un nuevo‘ impuesto de seguridad democrática’ bajo el cuál se esperaba que aproximadamente 420.000 ciudadanos y empresas colombianas pagaran el 1,2 % del valor de sus activos líquidos”, citado en: Moreano( 2005:111).