Cuadernos del GESCAL. Año 1, No 1, Agosto de 2013 39
con los alcances de la política de titulación de tierras derivados de la ley 1152 de 2007( declarada inconstitucional), en particular los decretos sobre saneamiento de títulos. Como lo enseña la historia agraria, la tierra se controla para controlar a la gente y así lo reitera el desarrollo reciente de la política laboral colombiana. De manera coherente con la sobreoferta de mano de obra resultante del desplazamiento forzado y la usurpación de tierras los estrategas de esta vía de crecimiento pusieron en marcha directrices del Banco Mundial en torno a la“ flexibilización laboral” para elevar la“ competitividad” de la economía colombiana( p. 17).
Nuevamente y tal y como sucede en el caso del vector antisindical que comprende al neoliberal-para-militarismo, la lógica recíproca legal / ilegal- incluso la faceta ilegal que posteriormente se institucionaliza sobre todo a través de intervenciones“ selectivas” desde el Estado y, específicamente de los gobiernos, en especial las administraciones de Uribe Vélez y más recientemente en la de Juan Manuel Santos-, antes que corregir el statu quo generado en los procesos de depredación violenta en el caso del patrón de desarrollo agrícola, los favorecen. Aún más, los consolidan vía organizaciones institucionales y políticas públicas 19.
Sólo por ofrecer uno de los tantos ejemplos vigentes, la vocación agro-exportadora y el apoyo a ciertos cultivos considerados“ estratégicos”( como la Palma africana), evidentemente prioritarios en los Planes de Desarrollo gubernamentales y formulados en las negociaciones de los Tratados de Libre Comercio en tiempos recientes, convergen magistralmente en sus definiciones fundamentales con lo que ha denominado el Transnational Institute el“ modelo paramilitar agroindustrial” y en el cual también confluyen“ casualmente” los mismos actores del paramilitarismo y del neoliberalismo, nacionales y extranjeros entre ellos, las agencias multilaterales“ de apoyo” como la USAID( Tenthoff, 2008) 20. En igual sentido, Michael Frühling, director de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, anticipaba en un foro en el país realizado durante el año 2003:
La puesta en marcha del nuevo modelo económico en el último decenio del siglo XX – apoyada en la extinción de la industria nacional, el desplazamiento de la explotación petrolífera tradicional a las fuentes del oriente del país, la extensión de las áreas dedicadas a elaborar biocombustibles, la ampliación de la explotación carbonífera y la desaforada irrupción de las multinacionales sobre los recursos naturales, los minerales y las fuentes de energía colombianos – ha contribuido a ampliar el escenario de violencia contra los trabajadores artesanales y las comunidades de varias regiones.(…)“ en general, esa violencia suele ocurrir con más intensidad en los momentos y sectores de más actividad sindical contenciosa, en especial cuando se acude a la huelga... Y la respuesta violenta es más dura – masacres y asesinatos selectivos – cuanta más fuerza independiente hayan desplegado los sindicatos.( Frühling, 2003)( subrayo)
Precisamente, con la expansión de la palmicultura en varias zonas del país- siguiendo con nuestro ejemplo para el caso de la región del Orinoco( oriente colombiano) pero que también aplica en los casos del Banano en la región del Urabá( noroccidente del país) y en casos paradigmáticos de la agroindustria del cacao, el caucho y los agro-combustibles 21 – se verifica
19
Es el caso del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural( INCODER) y los escándalos protagonizados por algunos de los programas abanderados por la administración Uribe Vélez y el Ministerio de Agricultura(“ Agro Ingreso Seguro” y las llamadas“ Alianzas Productivas” – promovidas por organismos multilaterales como la FAO, el FMI y el Grupo del Banco Mundial-), en los cuales se ha venido denunciando gestiones institucionales y financiamientos públicos a favor de intereses privados de políticos y empresarios vinculados( presuntamente en algunos casos, pero en la mayoría verídicos) con el paramilitarismo.
20
Según el estudio, el proyecto intervienen diferentes entidades nacionales, regionales e internacionales en articulación con programas institucionales( como Familias Guardabosques) y la Fuerza Pública.
21
“ La desinformación ha impedido que el país se diera cuenta que al mismo tiempo que Vicente Castaño( hermano del paramilitar Carlos Castaño, antes mencionado) y Carlos Alonso Lucio en las revistas Semana y Cambio, destacaban los intereses empresariales de los paramilitares en el cacao y en la agroindustria de la palma aceitera y caucho, se tramitara y aprobara en el Congreso de la República, la Ley 939 de 2004 que