Cuadernos del GESCAL. Año 1, No 1, Agosto de 2013 31
Según las palabras de uno de los líderes fundadores del paramilitarismo colombiano, Carlos Castaño, el Paramilitarismo habría tenido como propósito constituirse ante todo como un“ movimiento político-militar”, en lo fundamental una“ fuerza antisubversiva”, tal y como se consignó en la carta constitutiva de los grupos paramilitares( artículo 3 °) en el año 1997. Un año más tarde, 1998, en un documento titulado Origen, evolución y proyección de las Autodefensas Unidas de Colombia se perfilaría la agenda de“ demandas”( muy genéricas, en todo caso) de este grupo ilegal, entre las cuales se destacaban: la necesidad de“ reforma política y democrática”, un“ modelo de desarrollo económico”,“ reforma agraria”,“ reforma urbana”,“ política de energía e hidrocarburos”;“ descentralización” y“ orden territorial”, entre otras que permiten insinuar algunos de los objetivos que pretendían alcanzar como grupo paramilitar( ACCU, 1998).
Sin embargo, las declaraciones de Castaño en una entrevista periodística hacia el año 2000, revelaría más ampliamente las guías claves del programa táctico y estratégico del proyecto paramilitar en Colombia. Allí se precisaba la necesidad del proyecto de combinar diferentes dimensiones, desde las militares hasta las económicos, sociales y políticas, con el fin de avanzar en sus objetivos( Sarmiento Anzola, 1996; O’ Loingsigh, 2002).
Castaño sintetizaba el programa paramilitar en tres( 3) fases o etapas.
Una fase inicial en la cual, a través de la guerra se“ liberarían” amplias zonas de la subversión( y de sus bases populares), imponiendo- planteaba- el proceso de concentración de la tierra, la modernización vial, de servicios e infraestructura; el desarrollo del capitalismo ganadero y una nueva estructura jerárquica autoritaria en la organización social y política en las regiones.
La segunda fase tendría como meta – en palabras de Castaño-“ llevar riqueza a la región”. Sería articulada a través de la entrega subsidiada de tierras, la“ generación de empleo”, la concentración de la población en centros poblados, la construcción de centros de salud y escuelas, energía eléctrica gratuita, construcción de represas para el suministro de agua, adecuación de tierras, la asistencia técnica y el préstamo de dinero para la producción. Se requeriría que estas acciones – decía en ese momento el líder de las AUC – tuvieran el conocimiento y la legalización de instituciones del Gobierno. Los“ nuevos pobladores” no serían aquellos desplazados por la violencia sino una nueva población( pobres marginados de“ otras regiones”) la cual brindaría el nuevo apoyo a los“ patrones” ya asentados, estos últimos a cargo de organizar y conformar los“ grupos de base”( paramilitares) en función de distintas actividades planificadas, incluso, más allá del componente“ militar”. Esta fase se lograría obtener la“ legitimidad social” del proyecto 11.
Finalmente, la tercera fase proponía que, una vez consolidado el modelo de seguridad en las“ regiones liberadas”- sin subversivos ni bases comunitarias de apoyo a la guerrilla-, los paramilitares dejarían de ser formalmente una“ rueda suelta para el Estado”. Se completaría así la institucionalización del proyecto paramilitar y, desde luego, además de consolidar su legitimación se legalizaría a nivel del sistema político en general.
Ahora bien, si fuera posible ofrecer una periodización – todavía bastante preliminar- de cada una de estas“ etapas” en términos de la historia efectiva del paramilitarismo, tal y como se habrían desarrollado los elementos básicos que fueron previstos por estos grupos, es decir,
11
Para ejemplificar lo anterior, cabe recordar que las Autodefensas Unidas de Colombia( AUC) entregaron $ 1.800 millones para la construcción del sistema de electrificación del municipio de Puerto Gaitán( Departamento del Meta, oriente colombiano), con lo cual pretendían- según un exjefe paramilitar-:“ beneficiar a la comunidad” a través de la empresa“ Perlas del Manacacías” que fue creada por un acuerdo municipal y con el aval de la Superintendencia de Servicios Públicos según noticia del diario El Tiempo( 28 de febrero de 2007).