Cuadernos del GESCAL. Año 1, No 1, Agosto de 2013 181
Reformas agrarias frustradas, combinadas con planes internacionales de seguridad, vigilancia, intervención y control( como el Plan Lazo), han sido impuestos por décadas como mecanismos de supresión de los procesos reivindicatorios; a la vez, se han venido aplicando medidas de desmonte de derechos, a partir de la legislación laboral, la privatización del sistema de salud, la reforma progresiva del sistema educativo que cada vez se torna más excluyente, entre otras medidas, siguiendo como guía de acción las directrices del proyecto neoliberal.
La puesta en escena de este aparato de guerra está vinculada con la construcción de un enemigo interno, configurado en función de la figura de los grupos guerrilleros 123. Bombardeos indiscriminados, complejas redes de inteligencia, detenciones ilegales justificadas bajo el adjetivo de preventivas, ejecuciones extrajudiciales, retenes, militarización de la vida cotidiana y fumigaciones con agro tóxicos, entre otros, se llevan a la práctica y se intentan legitimar como acciones necesarias para el control y sometimiento de un enemigo interno indeterminado, omnipresente y cuya existencia aparece desvinculada de razones históricas y materiales de fondo.
La construcción de la opinión pública para la legitimación de estos hechos ha sido un elemento fundamental. La persecución y criminalización de los procesos organizativos para la defensa de los derechos de los ciudadanos y de oposición al modelo político y económico que desde el gobierno se impone, así como de individuos críticos frente a la realidad colombiana, se han justificado a partir de la consideración de estos como auxiliadores, integrantes o simpatizantes de los grupos insurgentes, deslegitimando y suprimiendo a las fuerzas sindicales, colectivos barriales, organizaciones campesinas, agrupaciones afrocolombianas, movimientos indígenas, partidos políticos de izquierda y sectores estudiantiles.
Los líderes y activistas que se oponen a este modelo de país han tenido que soportar seguimientos, espionajes, amenazas, judicializaciones, desapariciones, asesinatos, hostilidad y exilios forzados 124. La protesta social, los bloqueos por reivindicaciones populares o la toma de tierras, son vistos desde el establecimiento como una amenaza contra el statu quo. La fuerza del aparato estatal ha sido particularmente intolerante con el pensamiento crítico y la organización popular, diezmando periódicamente a los sectores sociales con inclinaciones progresistas 125.
Lo paradójico radica en que impera una impunidad 126 y silenciamiento de tales dimensiones,
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El desarrollo de operaciones militares indiscriminadas, son justificadas por la presencia en un territorio de un actor armado ilegal y por la supuesta o real connivencia y apoyo de la población civil a dicho actor armado( Cinep, Justicia y Paz, 2003).
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“ Durante el período de julio 1 de 2002 a junio 30 de 2003, el Banco de Datos registró las siguientes cifras18: 4.351 personas fueron víctimas de violaciones a los derechos humanos, de acuerdo con las siguientes modalidades: amenazas: 573; desapariciones forzadas: 160; detenciones arbitrarias: 2.546; ejecuciones extrajudiciales: 792; torturas: 144(…). En cuanto a los responsables de estas violaciones se encuentran: los grupos paramilitares aparecen como supuestos responsables de 1.510 casos; Fuerzas Militares( Armada, Ejército, Fuerza Aérea) de 1.246; la Policía de 327 y otros organismos de Seguridad del Estado( DAS, CTI, Gaula, Inpec) de 1.268”( Cinep, Justicia y Paz, 2003: 117)
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Estadísticas recientes sobre violación de derechos humanos y el DIH muestran que las principales víctimas por sectores sociales son en su orden: campesinos – de lejos los más afectados –, obreros y empleados, e indígenas. Entre 1991 y 1999 fueron asesinados 1.336 sindicalistas, 266 de ellos dirigentes( Cinep, 2000: 26; Cinep, 2002: 33, 12; ENS, 2003: 48.)
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Sólo en lo que respecta a la Ley 975 de 2005 mediante la cual se daba el marco legal para la desmovilización de los grupos paramilitares en Colombia los casos de impunidad abundan. Comenzando por los mismos paramilitares a los que se les otorgaron de cinco a ocho años de cárcel como tope máximo, aún para los jefes de estos ejércitos involucrados en delitos de Lesa Humanidad. Igualmente, en el llamado proceso de la parapolítica, " desde que arrancó el proceso de Justica y Paz y hasta fin de abril, sus fiscales y magistrados han enviado a la justicia ordinaria más de 11.179 solicitudes de indagación de 943 políticos, 870 militares, 330 servidores públicos y 9.036 personas privadas, entre ellos, a muchos empresarios porque se sospecha