Cuadernos del GESCAL. Año 1, No 1, Agosto de 2013 180
oficial que circunscribió el conflicto interno a la lucha contra el terrorismo. En ese marco, Estados Unidos realimenta constantemente su labor intervencionista, regulando y condicionando no sólo la economía nacional, sino su propio aparato político y militar. Colombia ha pasado a ser un área geopolíticamente vital para la injerencia regional norteamericana, lo cual ha implicado la importación de un modelo de acción armada, llevado a la práctica por las Doctrinas de Seguridad Nacional, y más recientemente por el Plan Colombia y el Plan Patriota, respectivamente.
La intervención externa se difumina al interior, y es una base que ayuda a gestionar la violación amplia y sistemática de los Derechos Humanos en Colombia. La vigilancia y el control social es llevado a su punto culminante en el país, mediante la combinación de fuerzas represivas nacionales e internacionales. Dicho control militar establecido en esta escala mayor, está relacionada, tanto con el intento de disciplinamiento político de la resistencia social, como con los planteos económicos que visualizan a futuro zonas de libre mercado y de inversión extranjera desbocada en Colombia, sin mayores obstáculos para la movilidad del capital transnacional, y cuya muestra máxima fue la firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, en octubre de 2011.
Asimismo, la influencia ideológica internacional( estadounidense particularmente) se evidencia a partir del uso del término terrorista, acuñado por Estados Unidos a partir de los sucesos del 11 de septiembre de 2001, y que es utilizado por el gobierno colombiano para atacar a sus contradictores políticos y no considerar el estatus político de la insurgencia. Esto se suma al uso del término narcotraficante que durante las décadas pasadas ha justificando la intervención del gobierno de Estados Unidos en Colombia 122. Justamente, el último gobierno de Álvaro Uribe, fue parte del clímax de un conflicto dinamizado por el Estado colombiano en ese sentido.
Por su parte, la disputa territorial ha sido un factor consubstancial a las causas de la violencia en Colombia. La lucha entre terratenientes y campesinos por la tierra es quizá uno de los antagonismos más marcados y antiguos en el país, pero que aún sigue vigente en la realidad actual. Miles de comunidades han sido desplazadas al interior del territorio nacional por cuenta del avance latifundista, forjándose una de las concentraciones de la propiedad más agudas del continente como producto del monopolio sobre la tierra a cargo del terrateniente, lo cual ha ido en detrimento de los derechos de las comunidades asentadas en los territorios. Paralelamente, las comunidades rurales se han visto sometidas a fuertes tenciones derivadas de intereses empresariales.
Cultivos agroindustriales y megaproyectos extractivos se han implementado en los territorios de poblaciones rurales, donde generalmente el destierro masivo de personas ha sido fundamental para potenciar la acumulación empresarial y lograr implantar agro negocios y complejos minero-petroleros en el país.
Dada su biodiversidad, sus vastas áreas selváticas, su riqueza hídrica, la disponibilidad de tierras o los potenciales“ recursos” del subsuelo, Colombia es considerada como un punto geoestratégico para la inversión de capitales a gran escala. Ante ello, las comunidades rurales son vistas como un impedimento, por lo cual se les concibe desde los sectores dominantes como agentes susceptibles de ser desterritorializados y violentados de forma permanentemente.
Militares de Colombia y el Comando Sur de los Estados Unidos, con la asistencia de Comandantes Generales de diez países.” Publicado en el periódico El Espectador,“ Serán siete las bases colombianas con presencia militar de EE. UU.” sección judiciales, 4 de agosto de 2009.
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Ver Youngers, Coletta, Rosin( 2005). El entrenamiento de las fuerzas policiales nacionales por parte de militares estadounidenses está vinculado a este problema que deriva de la lucha antidrogas.