Cuadernos del GESCAL. Año 1, No 1, Agosto de 2013 169
docentes son amenazados y asesinados por las pandillas o las BACRIM, pues muchos de los jóvenes hacen parte de estos esquemas o sus familiares cercanos.
Amenazas de muerte
Uno de los métodos más comunes de violencia política usados contra las y los educadores es la amenaza de muerte. Esta se puede presentar en diferentes formas: con una llamada telefónica anónima mediante la cual se comunica a la persona que se encuentra en una lista; o a través de un panfleto enviado a la oficina del sindicato o a la escuela, con un listado de nombres de personas amenazadas acompañado por el logo en particular de la organización paramilitar; también por medio de una advertencia de una persona anónima que avisa de su inclusión en una lista; con grafitis en las paredes o con una tarjeta que en Colombia es conocida como“ sufragio”, la cual se manda normalmente como una forma de condolencia después de la muerte de un familiar, pero que en este caso es enviada a la víctima( o algunas veces a los miembros de su familia e hijos) anunciando su muerte.
En un sentido general, se puede decir que las amenazas de muerte se usan como advertencias, tanto a la víctima como a sus allegados( familiares y compañeros y compañeras del sindicato) de que su actividad sindical o política es peligrosa y su continuación en estas labores probablemente le llevará a una situación violenta.
Generalmente, estas amenazas también sirven para desestabilizar la organización sindical, aumentar los niveles de sospecha y temor entre los afiliados y disminuir la captación de nuevas personas en actividades sindicales. En casos más específicos, se utilizan para impedir la asistencia de la víctima a ciertas actividades( testigo en un juicio, tener documentos sobre corrupción, testigo de una actividad en particular o participar en una actividad u organización que el individual o el grupo que manda la amenaza de muerte quiere que abandone inmediatamente). También en los últimos años se utilizan para intimidar al profesor sobre sus posibles denuncias o su intervención para impedir el tráfico de estupefacientes al interior de las Instituciones Educativas.
Sin tener en cuenta lo concreto en los casos específicos, una vez que una amenaza de muerte ha sido recibida la vida de la persona cambia irreversiblemente de diferentes maneras: de repente la seguridad personal y familiar se convierte en un asunto de suma importancia y todos los actos públicos se realizan con miedo y ansiedad. Este miedo a ser atacado comienza a afectar la vida de las víctimas obligándoles a repensar sus actividades y responsabilidades, frecuentemente presionados por la propia familia para que cese en sus actividades sindicales y políticas. Dependiendo del riesgo percibido al recibir la amenaza, la persona puede elegir entre dejar su ciudad y desplazarse internamente o, si es posible, emigrar, con todas las consecuencias que esto conlleva. Obviamente, el peor resultado es que la amenaza se lleve a cabo, pero su función es mucho más que el pre-anunciamiento de una muerte inminente e implica poderosas consecuencias psicológicas.
Antioquia, de nuevo, es el lugar con más alta proporción de amenazas de muerte contra los y las docentes. Mientras la estructuración neoliberal dentro del sector educativo ha sido llevada a cabo en todo el mundo, cuando se lleva a cabo en una zona de conflicto puede originar ramificaciones particulares como sucede en el caso de Colombia. Cuando los y las docentes y los y las estudiantes desafían o se resisten a las medidas de descentralización, austeridad fiscal, privatización( como otros y otras han hecho en otros lugares del mundo) existe una tendencia a que la protesta sea vista como polarizada y los líderes y activistas de la misma son señalados, tanto por el Estado como por las fuerzas paramilitares, como“ subversivos”. En este sentido, los sindicatos mayoritarios de los y las educadoras, durante periodos de