Cuadernos del GESCAL. Año 1, No 1, Agosto de 2013 138
Estas medidas no toman en cuenta las condiciones estructurales de inequidad que se presentan en el sistema educativo tanto entre regiones como entre estratos socioeconómicos altos y bajos. La realidad es que las instituciones con mayores recursos tanto por su ubicación geográfica dentro o cercana a las grandes urbes y por la capacidad económica de sus usuarios, desarrollan más recursos para competir por financiación mediante la venta de servicios y actividades de cofinanciación, que las instituciones que están marginadas de estas actividades y cuentan con menos recursos. En este sentido un sistema de financiación a la demanda sólo reproduce las inequidades estructurales que ya existen, lo cual tiene repercusiones sobre el funcionamiento de las instituciones y la calidad de los programas de formación. Es así como se mantiene una estructura de Educación Superior elitista en la cual quienes acceden a la educación son los estudiantes de nivel socioeconómico y académico alto, marginando a los otros sectores.
Igualmente, en relación con el tema central del financiamiento, el aumento del presupuesto estatal que se estima en este proyecto sería de 1,5 billones de pesos en tres años, condicionado a la generación de 600.000 nuevos cupos en pregrado y 45.000 en postgrado. Sin embargo, como lo analiza Leopoldo Múnera( 2012), este presupuesto global, al ser evaluado con el indicador de inversión per cápita y ajustado por el déficit presupuestal que ya traen las universidades para generar esta cantidad nueva de cupos, implica una reducción del gasto por alumno a la sexta parte y enfrenta a las universidades a cumplir la cobertura de matrícula planteada por el gobierno, con recursos estatales mínimos y mayor producción de recursos propios, mayor cobertura con menor presupuesto.
Es así como esta reforma no resuelve el problema del acceso, pues las propias inequidades estructurales excluyen a unos sectores sociales de la dinámica de selección y competencia, privilegiando otros que son quienes acceden a los recursos y desarrollan una educación de mayor calidad; tampoco resuelve el problema de la financiación, pues unas instituciones que están escasamente dotadas de infraestructura y de recursos para ofrecer programas de calidad y que están siendo sometidas a continuos recortes de presupuesto, no pueden tampoco acceder de manera equitativa junto con las otras; no pueden desarrollar estrategias de cofinanciación ni son autónomas respecto a sus gastos de funcionamiento; en ese contexto, no les queda a las instituciones públicas otras opciones que la de vender sus recursos, privatizar y reducir la calidad de los programas que ofrecen, saliendo marginadas y debilitadas de este sistema de competición que deteriora el carácter público de la educación.
A su vez, es necesario considerar el problema del financiamiento para las universidades públicas en el contexto de la reforma, ya que estas están sujetas a exigencias en términos de la ampliación de la cobertura con restricciones presupuestales que atentan contra la autonomía universitaria. Con lo cual se someten los nuevos recursos financieros a condicionamientos gubernamentales, tales como la ampliación de actividades de extensión y el establecimiento de la cofinanciación de actividades con empresas privadas. Aspecto que conlleva a la interacción con las lógicas del mercado, así el profesor Múnera( 2012a) explica que:“ la tendencia a privilegiar dentro de los nuevos recursos el subsidio o el crédito a la demanda, destinado a los estudiantes individualmente considerados, sobre el subsidio a la oferta, destinado a las instituciones, crea una competencia universitaria alrededor de la financiación dominada por la reducción de costos y no por la ampliación de la calidad”.
b) Calidad de la educación
En la discusión sobre la calidad de la educación hay que tener en cuenta los efectos de financiación a la demanda sobre las universidades, la desfinanciación de la Universidad