Cuadernos del GESCAL. Año 1, No 1, Agosto de 2013 137
actores con intereses. Por lo tanto es preciso situar estos actores en relación con las lógicas que proponen en sus discursos y las tensiones que se generan entre estas lógicas.
Proponemos abordar las políticas públicas de Educación Superior en esa multiplicidad de intereses, prácticas y representaciones de los diversos actores que participan en esta, y que configuran el campo de posibilidades de construcción de la política pública. Situamos entonces el contexto externo de la política educativa en los procesos de mercantilización del conocimiento y las políticas de privatización que responden a la agenda instalada por el Banco Mundial y el Consenso de Washington, y el contexto interno en las propuestas de reforma generadas por las instituciones públicas y los actores de la sociedad civil. Los actores considerados en el contexto interno son: el Estado desagregado por una parte en el poder ejecutivo, específicamente Presidente y Ministros de Educación, y por otra en el Legislativo, específicamente congresistas y representantes; del lado de la sociedad civil los actores de interés son: el movimiento estudiantil, sindicatos de maestros y académicos.
La identificación de estos dos niveles de interacción y de los actores señalados son producto del acercamiento a la coyuntura suscitada por la propuesta de reforma realizada por el gobierno actual en el año 2011, situación que propició esta reflexión. En cuanto, a lo que denominados como exigencias a las universidades, consideramos que es necesario tener en cuenta para el análisis desde una lógica de la educación como derecho, las discusiones y los términos propuestos en dicha reforma sobre el Estado y la organización del sistema docente, la autonomía universitaria, la cobertura, la accesibilidad, la calidad, la financiación y por último la calidad. Estos dos últimos ejes a nuestra consideración implican un análisis que tenga en cuenta los mecanismos de imposición de términos a las universidades en dos sentidos: la ampliación de la cobertura con recursos cada vez más limitados y con la búsqueda de ciertos niveles de calidad en los que media una tendencia a hacer la educación universitaria más cercana a la capacitación de habilidades y saberes técnicos. Mientras que consideramos que la caracterización de algunos actores que participan en el campo de fuerzas de definición y problematización de la política pública implica situarlo desde sus discursos, las lógicas y contextos referenciales en los que se inscriben.
Por último consideramos que los dos ejes de análisis comentados anteriormente pueden ser examinados teniendo como marcos referenciales: a) Asequibilidad y accesibilidad a través de los puntos sobre financiamiento y ampliación de la cobertura, b) Calidad de la educación, c) Autonomía de las instituciones y los actores.
a) Los ejes de la asequibilidad y la accesibilidad a través de los puntos sobre financiamiento y ampliación de la cobertura.
La reforma a la Ley 30 mantiene el espíritu de la misma, y es la idea de la educación como un servicio público administrado por el Estado y un bien social basado en el mérito, la vocación y la capacidad de elección de los usuarios que acceden a esta. En el texto de la reforma no se desarrolla en ninguno de sus artículos lo referente a la educación como derecho fundamental y en cambio si se hace referencia constantemente al Derecho privado como marco de regulación de su administración y prestación.
El principio de equidad en el acceso a la educación, tampoco es discutido y se propone garantizar el acceso a la Educación Superior mediante estrategias que tienen que ver con la ampliación de la cobertura, asignación de créditos educativos y asignación de presupuesto con el criterio de la demanda y el mérito de las instituciones que entran a competir por recursos para su financiación, produciendo también recursos propios.