Cuadernos del GESCAL. Año 1, No 1, Agosto de 2013 135
característica del sistema económico vigente. Como observan Feldfeber y Saforcada( 2005), con ello el conocimiento pasa a ser un recurso estratégico para optimizar la competitividad, convirtiendo a la educación en mercancía y a las universidades en industrias de alta rentabilidad, cuya misión primordial estribaría en la generación de ganancias. Como advierten ambas autoras, se trata de una lógica que parece conducirnos a renunciar a la concepción de la educación como bien público y derecho exigible.
Estas tendencias hacia la mercantilización de la educación terminan circunscribiéndola en un ámbito estrictamente individual, conduciendo a su despolitización, librando al Estado de sus obligaciones con respecto a ésta y permitiendo la intromisión de organismos internacionales en la definición de la agenda educativa global. De este modo, se aprueba que la responsabilidad del Estado sea sustituida íntegramente por el accionar de corporaciones privadas con fines lucrativos, las cuales operan sobre la base de una administración gerencial cuyos resultados serán evaluados desde los valores hipotéticos de la producción capitalista: calidad, eficacia, eficiencia, productividad y competitividad.
El escenario resultante es el de una educación que no solo queda desprovista de su valor como bien social, sino que deja de ser un derecho exigible. De este modo, lo que necesariamente debería constituir una política pública deviene un servicio con respecto al cual el accionar del Estado se limitaría a plantear medidas para“ promover la educación”, subordinadas a la“ buena voluntad” o las“ buenas acciones” de uno u otro gobierno. Como fue advertido por Tomasevski( Crighton, 2006), ello no solo se traduce en una ampliación cada vez mayor de la brecha entre las promesas del gobierno y el funcionamiento real de la educación, sino que supone la generalización de un patrón global de exclusión basado en la pobreza.
4. Propuesta metodológica de acercamiento al análisis de la reforma a la Ley 30 de 1992
El reconocimiento del contexto económico-político en el que está inmersa la Educación Superior en Colombia; el recorrido histórico descrito, y lo que hemos convenido en llamar impedimentos, para referirnos a la defensa de la Educación Superior como un derecho; son insumos que fortalecen la perspectiva desde la cual planteamos una mirada crítica a la reforma de la Educación Superior en Colombia, se propone para ello una metodología de análisis.
4.1 La política pública y sus relaciones con la educación
Partir de la premisa sobre la importancia de los actores y de los contextos, nos permite indagar la intervención desde el Estado y las lógicas que trata de imponer en el ámbito de la educación, de acuerdo a diversos intereses propuestos en un marco de gobierno con influencias de procesos globales y tendencias extranjeras.
La política educativa se configura como las medidas que toman los gobiernos en el ámbito de la educación, que son reflejo de una organización de la política general, de acuerdo o no con los principios compartidos de los partidos políticos y en cumplimiento de los principios de la constitución.
La política educativa ha estado influida en cada momento histórico por diferentes corrientes de pensamiento, así como por las necesidades y aspiraciones propias de cada época, por lo cual se considera que“[…] las políticas educativas no son inventos o antojos de los gobiernos de turno, ni formulaciones decorativas que los Estados elaboran, sino por el contrario son expresiones del compromiso político que las fuerzas hegemónicas establecen, según los