Cuadernos del GESCAL. Año 1, No 1, Agosto de 2013 133
recursos propios mediante venta de servicios( Múnera, 2011).
De esta situación, al cabo de diez años resultaron unas universidades públicas con déficit de presupuesto, endeudadas, y con un incremento elevado de costos de matrículas, que no alcanzaba a responder con la demanda de matrícula requerida. Las protestas estudiantiles de los distintos estamentos, surgieron entonces como respuesta a esa situación presupuestal en las universidades que se evidenciaba en los recortes de programas de bienestar universitario, aumento de matriculas, cierre de becas, mala infraestructura y servicios de mala calidad.
Justificándose en esta crisis de las universidades públicas, El gobierno de Juan Manuel Santos propuso una reforma a la Ley 30, la cual contempla, entre otras cosas, aumentar los ingresos de las universidades por diversas vías: estrategias de redistribución del gasto en Educación Superior( con recortes, concursos por recursos, aumento de la cobertura con el mínimo gasto, créditos); generación de instituciones mixtas de Educación Superior con la participación del sector privado; y la adopción dentro del sistema educativo, de los modelos propios de la gestión de las empresas con criterios de costo-beneficio.
En la Mesa Amplia Nacional Estudiantil( Mane) se articularon las demandas de financiación, resolución a la crisis de las universidades y se generó el movimiento estudiantil que en 2011 se movilizó adoptando como consigna la financiación de la educación pública para todos. Al respecto se plantearon debates como el cuestionamiento del presupuesto estatal invertido en educación con respecto a otros países de Latinoamérica, denunciando que Colombia es uno de los países que menor inversión hace en este derecho, también cuestionó la asignación del presupuesto estatal a la Educación Superior( 0.94 del PIB al 2009) insignificante respecto al presupuesto invertido en las fuerzas militares( 6 %). Igualmente se cuestionó el sistema de financiación a la demanda a través del Icetex y en contraposición a los créditos educativos propuso un aumento del gasto público para que los estudiantes no tengan que hacer uso de esas medidas de endeudamiento.
Como resultado de todo el proceso de movilización y discusión a través de distintos medios, el movimiento estudiantil consiguió una victoria fundamental: el retiro temporal del proyecto de reforma de la Ley. Actualmente continúa el proceso de discusión de la reforma.
3. La diferencia entre plantear " medidas para promover la educación " y concebir la educación como " política de estado "
En el presente apartado nos interesa resaltar que existe una diferencia significativa entre concebir la educación como una política de Estado y proponer medidas para promover la educación. Como se verá, el énfasis que se haga sobre una u otra posición depende de la acepción conceptual que se sostenga con respecto a la educación: mientras en el primer caso esta es comprendida como un derecho que demanda obligaciones de parte del Estado; en el segundo, la educación es entendida como un servicio comercial en donde el papel del Estado se limita a la buena voluntad de uno u otro gobierno por mejorar la " calidad " o " eficiencia " del servicio.
A continuación empezaremos explicando el vínculo constitutivo que existe entre educación, política y derecho; ilustraremos someramente cómo este ha venido siendo erosionado tras las reformas aplicadas en materia educativa durante las últimas décadas; para luego detenernos sobre el escenario resultante, haciendo énfasis en las transformaciones operadas sobre el rol del Estado con respecto a la educación y sus principales consecuencias.