Cuadernos del GESCAL. Año 1, No 1, Agosto de 2013 132
reformas promovidos en el informe Atcon. Entre las reformas introducidas en este plan están: mejoramiento de la calidad de la educación, estudio sobre la realidad universitaria nacional, alza de matrículas, fomento de créditos externos, estructuración de mecanismos de regionalización universitaria, organización de mecanismos de regulación y planeación educativa, además de la introducción de los Cuerpos de Paz estadounidenses y las fundaciones internacionales, Ford, Rockefeller y Kellogg, en la política universitaria.
Dos políticas más serían fundamentales en la preparación del camino para el paquete de políticas neoliberales que se implementan hoy en día. En primer lugar, el Decreto 80 de 1980 que articula todo el Sistema de educación postsecundaria, clasificando las instituciones en intermedias, técnicas, tecnológicas y universitarias, con un criterio de segmentación del mercado educativo en función de las demandas de mercado, y estableciendo de esta manera las bases para el escalafón en el que se habrían de integrar las instituciones públicas y privadas en las dinámicas de competición por la adquisición y racionalización de recursos que se habría de institucionalizar con la Ley 30 de 1992.
La siguiente política fundamental en ese mismo proceso de descentración de la responsabilidad estatal es la ley 24 de 1988. Con esta ley se implementó el concepto de“ desconcentración administrativa” el cual hace referencia a la delegación de funciones de regulación desde el gobierno nacional a los gobiernos locales. Lo que se buscaba con esta estrategia era una liberación y desconcentración de funciones del gobierno nacional para hacer responsables del control administrativo del personal de las instituciones educativas, a los gobiernos y actores locales. La autonomía que se daba a las instituciones y gobiernos locales operaba únicamente en el plano fiscal de financiamiento, mientras la autonomía política era puramente formal, pues en la práctica el gobierno nacional fortaleció los mecanismos de centralización de la inspección, regulación y control de las trayectorias de los actores en el sistema educativo, de donde surgió el Sistema Nacional de Evaluación( Penning, 2003).
En ese marco se formuló la constitución de 1991 y la Ley 30 de 1992, en la cual se establecen los niveles de regulación de la Educación Superior, entendiendo la educación como un servicio con función social que puede ser prestado por agentes públicos y privados
La Ley 30 puntualiza en su artículo 86:“ Los presupuestos de las universidades nacionales, departamentales y municipales, estarán constituidos por aportes del presupuesto nacional para funcionamiento e inversión, por los aportes de los entes territoriales, por los recursos y rentas propios de cada institución”. Con respecto a la participación del presupuesto del Estado establece una línea de base consensuada con los rectores de las universidades, basada en los presupuestos de rentas y gastos de las universidades, y a partir de allí promete un incremento por año de este presupuesto estatal basándose también en otros indicadores como el PBI, la inflación y el aumento del IPC. Sin embargo, con la implementación de esta medida las universidades públicas terminaron haciendo un esfuerzo mayor de financiación con los recursos propios que no alcanzan a cubrir sus necesidades y demandas, respaldando además otros gastos que antes eran responsabilidad del Estado tales como el pago de pensiones a los docentes, la adecuación de las infraestructuras, entre otros. Igualmente, las entidades territoriales se hicieron cargo de las universidades departamentales y municipales con recursos propios, mediante el régimen de transferencias y adquisición de créditos con las entidades dispuestas por el gobierno.
El presupuesto estatal invertido en la Educación Superior, si bien ha venido en aumento en relación con el PBI tal y como se dispuso en la ley, al examinar la inversión estatal per cápita se encuentra una reducción importante de ese presupuesto dejando una diferencia que las universidades han debido esforzarse por reducir con aumento de matrículas y producción de