Cuadernos del GESCAL. Año 1, No 1, Agosto de 2013 96
Además de ello, han sido vinculados con la intervención militar extranjera que ha sido implementada desde Norteamérica, avivando la guerra de baja intensidad que padece Colombia, especialmente durante las últimas dos décadas( aunque desde mediados del siglo XX ya se avistaba parte de este proceso). Pero como eje neurálgico de este apartado, es fundamental el relacionamiento estrecho de paramilitares con empresarios nacionales y grupos económicos extranjeros de gran calibre, que actuando como fuerza de despeje territorial, brindan la“ seguridad” necesaria a la gran inversión en el país. Por su lado, las fuerzas armadas del Estado no se han mantenido al margen de esta dinámica, muy por el contrario, son equipo de apoyo, complemento o sustituto de la funcionalidad paramilitar, que desde la legalidad, también se subordina a los intereses políticos y económicos de los sectores dominantes en el país.
En ese sentido, se han dado a conocer públicamente, algunos de las decenas de casos que interrelacionan a los aparatos armados con el capital transnacional. Quizás, el más difundido, correspondió a la empresa bananera Chiquita Brand, transnacional estadounidense que operó en el Urabá antioqueño y que en 2007, fue condenada por una corte internacional por su estrecho vínculo con los núcleos del paramilitarismo regional( siendo activa en el tráfico de armas para el fortalecimiento de dichos grupos). Y no se trata de un caso aislado como lo difunden los sectores oficiales, por el contrario, la violación de Derechos Humanos en Colombia, el desplazamiento forzado, la lucha contra la organización social y el violento control territorial, también ha estado presente en áreas geoestratégicas para la inversión y vincula a un grupo importante de corporaciones extranjeras.
Justamente, como lo analiza Timmons( 2005), se ha evidenciado el notorio aumento de los índices de violencia, sobre todo en regiones de Colombia ricas en bienes naturales, particularmente donde yacen concentraciones importantes de minerales e hidrocarburos 63. Dada la implementación de cuerpos de seguridad, las empresas instauran su propio régimen de autoridad regional que les asegura una fuerte intervención territorial, para que no se interrumpa con el curso de sus actividades económicas.
Por lo anterior, el posible“ peligro” que representa el“ conflicto” para muchas de las empresas transnacionales petroleras y mineras asentadas en el país, es muy relativo, ya que sus juntas directivas deciden y operan a miles de kilómetros de distancia a salvo de cualquier amenaza y dirigen desde las casas matrices asentadas en las grandes economías. Las corporaciones se vinculan directamente al conflicto, aprovechando el halo confusión y distorsión del mismo ante la opinión pública, así“ exponga” a operadores, contratistas y personal técnico de la empresa. Generalmente, las transnacionales se acomodan a la coyuntura de violencia y política interna, colocando siempre a su favor la dinámica del conflicto nacional.
El uso de la fuerza en el territorio como expresión concentrada de la geopolítica.
Pareciese muy ajena la dinámica de choque del espacio Centro africano o del Medio Oriente asiático, que involucra riquezas mineras en el primer caso y petroleras en el segundo, conllevando al desarrollo de guerras civiles o a planes de intervención militar de los llamados“ Aliados”. Una intervención profundizada por estudios como el de Eduardo Giordano( 2002).
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Adicionalmente, la violencia y los abusos de los derechos humanos han sido el común denominador en las regiones donde tiene lugar la minería en Colombia. Entre 1995 y el 2002, los municipios mineros de Colombia fueron testigos de 6 626 asesinatos y 433 masacres— así como cientos de desapariciones forzadas, amenazas de muerte, arrestos arbitrarios por las fuerzas de seguridad del gobierno y casos de tortura( Timmons, 2005).