Instituto Mexicano de Economía del Comportamiento CONTRIBUCIONES CONTRA LA CORRUPCIÓN | Page 12

f. Incentivos salariales (o la hipótesis del salario justo)
Una idea que es repetida con frecuencia en la literatura anti-corrupción es que mayores niveles salariales im-
plicarían menores niveles de aceptación de sobornos, dado el mayor coste oportunidad si se es detectado. Esta
hipótesis fue demostrada empíricamente por Van Ruckenghem y Weder (2001) basado en que países con índices
de percepción subjetiva de corrupción relativamente altos tenían salarios públicos bajos comparado con los sala-
rios de distintos sectores. Los principales argumentos que apoyan la introducción de esta política consisten en los
principios de que: i) a mayores salarios públicos relativos con sectores externos, mayor el coste de oportunidad si
se era detectado y sancionado involucrado en actividades corruptas; ii) mayores salarios atraen a personas más
eficientes y competentes y iii) cuando los salarios públicos son relativamente más bajos que otros trabajos exter-
nos comparables, los costes morales de ser corrupto son más bajos, lo cual implica que los funcionarios consideran
que es menos reprochable el aceptar sobornos que aproximen sus ingresos a un salario comparativamente justo.
Abbink (2002) repitió la estructura del experimento en Abbink et al (2002, presentado en la sección “Castigo”) pero
introduciendo variaciones sobre los salarios que recibían los funcionarios públicos. Sin embargo, los resultados no
encontraron apoyo para sostener tal hipótesis. No se hallaron diferencias significativas entre los tratamientos con
salarios altos y bajos, por lo que se puede extraer en este caso que el salario no parece una variable que influya la
corruptibilidad de los funcionarios públicos. En contraste, se encontró que el comportamiento de los jugadores
estaba fuertemente caracterizado por actitudes reciprocas debido a la correlación positiva entre ofertas de sobor-
no relativamente altas y el alto porcentaje de decisiones corruptas tomadas por los funcionarios en compensación
por la ventajosa oferta.
Es por ello que el autor concluye que son las consideraciones de reciprocidad en las relaciones entre el sobornador
y el funcionario lo que impulsa las transacciones corruptas y no las consideraciones de justicia con respecto al
resto de los miembros en la sociedad. Por lo tanto, mayores salarios en el sector público no conducirían necesar-
iamente a menores niveles de corrupción.
g. Externalidades negativas
Por último, en esta sección abordaremos uno de los aspectos más importantes de la corrupción inherente a su
naturaleza, como lo es el impacto de las externalidades negativas. Como se ha discutido al principio del capítulo,
la corrupción tiene consecuencias perversas sobre el nivel de bienestar social y sobre la actividad económica. Barr
y Serra (2009) analizaron el impacto sobre el nivel de corrupción al introducir variaciones en los costes externos
relacionados con las decisiones ilícitas. El experimento encontró que la aceptación de sobornos es comparativa-
mente baja cuando las externalidades negativas son relativamente altas. Es por ello que los participantes no solían
mostrar comportamientos corruptos cuando se intensificaban los costes externos debido a consideraciones mo-
rales. Este efecto puede estar asociado la aversión a la desigualdad de los jugadores.
Sin embargo los autores recalcan que mientras en el experimento los sujetos disponían de información completa y
exacta sobre los efectos perversos que sus decisiones tenían sobre el resto de la sociedad, este no es el caso en la
vida real. La mayoría de personas desconocen los impactos de sus propias decisiones sobre el resto de individuos
por lo que es una estrategia relativamente cómoda la de mirar hacia otro lado, sobreentendiendo que tus acciones
no generan efectos relevantes en el resto. Esto, a todas luces, tiene claros impactos a nivel agregado. Es por ello
que incrementar el esfuerzo en investigar cuáles son los costes reales asociados a la corrupción e incrementar la
información que estos costes tienen sobre los ciudadanos podría tener efectos beneficiosos para reducir el nivel
de actividades ilícitas en una
economía determinada.