raña de ilegalidad, descrédito, abuso administrativo, inestabilidad, arbitrariedad, ignorancia,
desorientación y desesperación. Las respuestas
más generalizadas son la ira irracional, avidez desenfrenada, corrupción, presión psicológica por
un presente mísero e inamovible, falta de sentido
de futuro y consecuente desperdicio de la existencia, fuga del país y otras. Para sobrevivir, la sociedad es arrastrada por una dinámica que ella
misma genera en un proceso instintivo de sorda
rebeldía, caos creativo y a la vez destructivo por
la fuerza de actuar en la ilegalidad a la que siempre se ve constreñida. Es una experiencia realmente agotadora, con intensidad y tiempo cíclicos. También el monolitismo del presente régimen sufre el embate de los males de des-civilización que se ha encargado de imponer en la sociedad. Y otra cosa no se puede concluir cuando las
instituciones del Estado ocupan todo el espacio
autorizado. Ha sido patente y público brincar su
propio marco legal con delitos execrables como
la ejecutar sumariamente a ciudadanos en menos
de una semana, auspiciar masacres sin dar plena
luz pública a los hechos, facilitar el tráfico de drogas por el territorio nacional, crear la función de
proxenetismo político mediante la prostitución de
ciudadanos cubanos en funciones oficiales, y así
en un largo etcétera. En consecuencia, los representantes del Estado han sido y siguen siendo los
primeros violadores de sus propias leyes y los
grandes responsables de la corrupción nacional,
que no emerge del pueblo empobrecido, sino que
desciende hacia él. Para colmo, el régimen ha intentado ocultar, pero no ha podido, los escándalos
mayúsculos y periódicos de onerosas malversaciones y robos, protagonizadas por funcionarios
que gozaban de toda la confianza del gobierno y
del Partido Comunista. Por tal cúmulo de hipocresía, doble rasero ante la legalidad y criminalidad intrínseca, se hace cada vez más inverosímil
la siempre anunciada unidad de Partido, Gobierno
y Pueblo. Las estructuras del Partido Comunista,
Poder Popular, ejército, policía y funcionarios en
corporaciones extranjeras y nacionales tampoco
se mantienen firmes en las provincias y municipios ante este desmadre que genera un particular
caos destructivo. La ausencia de perspectivas nacionales reales surte efecto demoledor sobre los
destinos e inquietudes personales y sobre las mismas instituciones. Ejemplos recientes indican
cómo, alejadas de la limitada vigilancia del aparato de poder central y atraídas por igual al mismo
vórtice de tendencia del resto de la sociedad, estas
estructuras provinciales se están beneficiando
clandestinamente de la misma corrupta dinámica
de intereses que ha horadado el tejido económico
de la nación. Incluso es posible que, organizados
para lograr esos beneficios, se cumplan más los
intereses de los “factores” dominantes que los
ucases de la capital. Y que las verdaderas estructuras de poder sean otras muy distintas a las que
se presentan como marco institucional oficial. Lamentablemente, todo esto establece norma de
conducta sobre cómo organizar el gobierno con
los funcionarios y la maquinaria burocrática mínima que se necesitará en el futuro. Es algo que
no desaparecería como por encanto con un cambio hacia la democratización.
Los dos mayores obstáculos institucionales para
cualquier futuro
Es prudente desembarazarnos de esquemas preconcebidos y concentrarnos desde ahora en la naturaleza y particularidades de instituciones con
mayores probabilidades de enquistarse como obstáculos en el tránsito hacia la democracia y con
condiciones alarmantes para volverse promotoras
indirectas del caos. Por simple valoración de elementos de fuerza, el ejército y la policía política
constituyen una realidad en las posibilidades de
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