los actores y ciudadanos, sería problemático no
dejar claro que, en términos constitucionales, el
poder de legitimar la acción política pertenece por
igual a todos los ciudadanos y a todos los actores.
Nadie por encima de la ley significa que las relaciones de poder no pueden definir las reglas de
convivencia.
Dicho esto, se consideró que ciertamente el realismo político impone la admisión de los puntos
de vista de quienes detentan el poder y de los sectores que le apoyan. Esto puede entenderse, plantearon, como la necesidad de aceptar algunos artículos de la Constitución actual que de por sí tendrían una capacidad interpretativa flexible para
todos los ciudadanos.
Desde otro enfoque interesante, la mejor estrategia parece ser exponer con claridad las debilidades de la Constitución de 1976, de modo que aparezca con nitidez su incapacidad natural para ser
reformada en dirección democrática. En otras palabras, que si bien es un derecho mismo optar por
la reforma de la Constitución actual, como expresión del carácter democrático del debate, esto no
significa que no pueda demostrarse, en el debate
mismo, que dicha Constitución no sirve a determinados propósitos. El hecho de que rija como la
ley fundamental de un Estado totalitario la invalida técnica y moralmente para ofrecer un marco
de derechos y de legalidad. Aquí sale a relucir un
dato importante: desde el campo gubernamental
se habla de la necesidad de reformar la Constitución. Si esto tiene consecuencias, deberíamos
asumir y entender que el mismo gobierno admite
los vacíos de su Constitución, más allá de si esta
es respetada o no, o haya sido o no aplicada por
las autoridades.
Y claro, no se podría hablar de una Constitución
para todos ni se sería suficientemente realista
frente a la presencia clara del poder si no se incluyen los puntos de vista de los comunistas en el
debate constitucional. Pero esta pregunta queda
abierta: ¿cómo garantizar que el cambio constitucional reconozca los derechos y el Estado de Derecho, si en el proceso tienen que participar sus
principales negadores? La respuesta depende de
cuánta participación y presión se genere desde la
ciudadanía. Si solo se logra la participación de un
sector minoritario, reducido a la sociedad civil
pro activa, no se podrá evitar que todo cambie
para que todo quede igual. Pero si se logra crear
una masa crítica de ciudadanos que participen y
se identifiquen con el proceso, se tendrán muchas
posibilidades de neutralizar el empuje antidemocrático del régimen a lo largo de la ruta.
Se abrió por otra parte un debate moral. Partir de
la Constitución de 1976 significaría para muchos
darle apoyo y legitimidad a un gobierno y a unos
sectores que no solo han destruido al país, sino
que lo han hecho burlándose de sus propias leyes.
La única manera, de hacerles entender a los sectores que apoyan al régimen el valor de las leyes
y el respeto que merecen es mostrándoles otras
opciones en la que ellos no han tenido nada que
ver, de modo que puedan comparar y darse cuenta
de su valor justamente porque han sido pensadas
y elaboradas por personas y sectores dentro de un
encuadre conceptual alejado de la matriz que han
defendido por más de 50 años.
De todos modos, se observa la disposición negociadora de una parte de la ciudadanía y de la sociedad civil cuando se asume tomar como punto
de partida la Constitución de 1976 si el gobierno
inicia un proceso de transición política. No obstante, la mayoría opinó que una ley democrática
tiene que ser hecha con un espíritu nuevo, que no
vicie el proceso y no permita que aquellos que se
han opuesto a la democracia desde siempre, aparezcan como garantes de la democracia. En temas
constitucionales no cabe la mentalidad de evitar
el robo dándole al ladrón el cuidado de la cartera.
Abundando en el tema, salta en el debate constitucional otro argumento: el auto respeto es la mejor garantía de consistencia, cumplimiento y eficacia de cualquier proyecto que se acometa.
De donde nace la siguiente pregunta: ¿quién garantiza el respeto de lo que se ha negado por décadas, si no se ha respetado ni siquiera la propia
obra? El modo más acertado para tener seguridades de que se van a respetar reformas constitucionales por parte de aquellos que hicieron la Constitución de 1976 es observar si respetan esta última. Y esto, lamentablemente, no ocurre desde el
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