Derecho que sirva de base y ofrezca las pautas
para edificar una nueva convivencia que satisfaga
tres retos: un modelo de Estado estable, una seguridad ciudadana para el despliegue de iniciativas
individuales y de la sociedad civil, y un Estado
democrático.
Las dificultades para vencer estos retos son diversas. Está ante todo la debilidad del sentido de la
ciudadanía, que hemos logrado ir fortaleciendo a
través de las distintas iniciativas de Nuevo País;
sumemos la ausencia de cultura y mentalidad de
derechos, que impiden la sostenibilidad de las
crecientes demandas sociales; sigamos con la inversión de los criterios de legitimidad, que llevan
a situar todas sus fuentes en el Estado y no en la
ciudadanía y cerremos, desde luego, con la represión constante del régimen hacia las diferentes
propuestas cívicas y políticas que trabajan por democratizar tanto al Estado mismo como a la sociedad cubana. Tenemos ahí un coctel implosivo
que nos ha venido alejando de las pautas de la modernidad.
El debate de Consenso Constitucional ha optado
por priorizar los temas de construcción ciudadana, fuentes de legitimidad, Estado de derecho y
naturaleza del poder, incluyendo su ejercicio,
desde la hipótesis, fundamentada en claros ejemplos históricos, de que la sostenibilidad política y
social, incluida fundamentalmente la económica,
depende más del estado legal de una nación que
del proceso mismo de inversiones y de políticas
gubernamentales.
El concepto esencial para estos debates, que en
otro sentido podríamos llamar conversación elegante, es Democracia Deliberativa: espacios permanentes para que los ciudadanos hagan dos cosas: proponer sus diferentes ideas para el cambio,
sin mediaciones políticas de grupos específicos, y
debatir horizontalmente puntos de vista diferentes, que enriquezcan y fortalezcan el intercambio
de ideas, la recuperación de la noción y el sentido
de legitimidad ciudadana, y la tolerancia y el respeto de los puntos de vista diferentes.
Esto último es una premisa clave de la Democracia Deliberativa: el punto de vista del otro, que es
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vital para la construcción democrática del Estado
de Derecho.
Consenso Constitucional facilita este proceso,
porque ha venido posibilitando la reunión de la
mayoría de las organizaciones de la sociedad civil
para que hagan propuestas desde sus ámbitos específicos, con el fin de concebir y redactar un proyecto de Constitución que tome en cuenta la diversidad de intereses y la pluralidad de la sociedad cubana.
Los debates han podido organizarse así desde una
matriz compleja, sobre el eje conceptual del Estado Democrático de Derecho, en el que la participación cruzada y desde la ciudad anía refundamenta la legitimidad política.
La Carta del 40
La pregunta de partida, vista desde la ciudadanía,
podría haber sido esta: ¿por qué la Carta de 1940?
Muchos participantes estuvieron de acuerdo en
retomar la Constitución de 1940 como punto de
arranque del proceso constitucional. Para la mayoría es fundamental la idea del rescate del pasado, porque necesitamos volver a ciertas raíces
para darle suelo sólido a los cambios constitucionales. Para ellos esta es la única manera de llenar
instantáneamente el vacío cultural en materia de
legalidad y Estado de Derecho, como un efecto de
demostración retrospectiva de que teníamos tradiciones importantes en nuestra historia y de que
ocurrió un desvío total a partir de 1959.
Según argumentaron, no es cuestión de tomar íntegramente la Constitución de 1940, sino de utilizarla como punto de partida, propiciando su reforma a través de la participación ciudadana.
Estuvieron así plenamente de acuerdo en empujar
la Constitución de 1940 como herramienta para el
cambio constitucional. La consideraron como un
suelo fértil donde sembrar nuevas plantas constitucionales en un ambiente de restauración histórica, de empoderamiento psicológico y de revelación de herramientas legales propias, en una sociedad que no cuenta con una fuerte tradición de
constitucionalismo dentro de su pretendido modelo socialista.