recursos en un esfuerzo empresarial,
dentro de los limitados marcos que
permite la ley, con clara conciencia de
que, a la mañana siguiente, todo eso
puede ser barrido por la impune arbitrariedad de las autoridades, que supuestamente estimulan el “sector no estatal
de la economía”, pero que no brindan
respaldo efectivo a los nuevos emprendedores para competir con ellos de forma leal y transparente, sino que los
ahoga con restricciones y gravámenes
confiscatorios o, simplemente, los borra
con inesperados zarpazos
Los que hoy estamos aquí podemos ser
privados en cualquier momento de los
derechos concedidos por la flexibilización de las regulaciones migratorias. De
hecho, varios colegas están hoy arbitrariamente impedidos de viajar. En contraste, las autoridades insisten en brindar a los extranjeros los derechos y posibilidades económicas que niega a los
cubanos. La llamada revolución destruyó totalmente una economía que, hacia
fines de los años cincuenta, se encontraba en plena expansión con balanza
comercial favorable y altos índices de
desarrollo y cobertura social, sobre la
base de la fortaleza del empresariado
nacional y de una sólida clase media.
Ahora la nueva Ley de Inversión Extranjera trata de subastar lo que queda
de Cuba al capital foráneo, con tentadoras ofertas de exenciones tributarias y
una fuerza de trabajo calificada y dócil,
a la cual no hay que garantizar los derechos y protecciones sagrados en los
países de origen de los inversores. Aunque parezca increíble a estas alturas del
siglo XXI, en esas inversiones extranjeras los trabajadores y profesionales cubanos son víctimas inermes del control
gubernamental de la contratación —
políticamente condicionada— y la remuneración, amén de verse imposibilitados de ocupar cargos gerenciales o de
alta especialización.
Que sea legalmente posible hacer ahora
en Cuba cosas tan normales como abrir
un pequeño negocio familiar, viajar al
extranjero, hospedarse en V