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del debate e incluso esta enfermedad
horrible que es la discriminación, en
cualquier escala, muta silenciosamente
a una enfermedad disfrazada, con los
mismos síntomas de intolerancia.”
A este respecto quisiéramos recordar la
honda reflexión de Matt Leighninger,
Vicepresidente para la Participación
Pública de Public Agenda, sobre el
aprendizaje (y des-aprendizaje social)
en las cuestiones de raza. A partir de los
disturbios raciales de la década de 1990
en las principales ciudade s de Estados
Unidos, Leighninger recorre el tracto
histórico de cómo se aprendió a debatir
los problemas de raza y a pasar de las
palabras a la acción, en estos y otros
conflictos sociales, de manera que, “en
lugar de conformarse con la igualdad de
condiciones, donde todo el mundo sería
tratado de manera igual por los
profesores, jueces, directores y policías,
las comunidades empezaron a tratar de
construir arenas públicas”.
Aquí los actores sociales reconocen
abiertamente sus diferencias y acuerdan
cooperar de continuo en pie de
igualdad. La lección que extrae
Leighninger tiene capital importancia
para la gobernabilidad democrática:
mejorar la participación ciudadana en
los debates públicos e incrementar la
comprensión intercultural son tareas
complementarias. Y en “la asignatura
pendiente de la participación del
público en el debate sobre la raza”,
señala el autor, el fin de unir presupone
reconocer las diferencias y valorar todas
las culturas, con el propósito cardinal de
“dar a la gente la sensación de que sus
experiencias
pasadas
con
la
discriminación y los prejuicios serán
rectificadas o al menos no se repetirán”.
Toda la problemática de violación de
los derechos civiles de los cubanos y,
particularmente, del racismo y la
discriminación racial se presenta por el
Comité Ciudadanos por la Integración
racial en la segunda edición de “Cuba
profunda habla”. Seis años después de
la primera edición, el CIR comienza con

una pregunta significativa: ¿Qué
cambios reales ha producido el Estado
en la lucha contra el racismo y la
discriminación racial? Y para la amplia
argumentación al respecto responde a
otra pregunta básica: ¿Qué revela el
análisis preliminar del informe del
gobierno cubano al Comité para la
Eliminación de la Discriminación
Racial (CERD)? Queda claro como
prácticamente todos los puntos del
informe se desplazan en el mismo nivel
de vaguedad y generalidad en fallido
intento de demostración de cuánto ha
hecho el Estado cubano contra el
racismo y la discriminación racial.
Las conclusiones del CIR reflejan
exactamente la realidad cubana actual al
responder a otra pregunta trascendental:
¿En qué estadio estamos a la altura de
2016? Se abisman las inequidades
raciales en el mercado laboral; es
preocupante la desigualdad en todo el
tejido social, pero sobre todo en la
población negra, crecientemente pobre,
marginada de los principales enclaves
de la economía emergente estatal y
privada.
No hay voluntad política para llevar el
registro estadístico de la distribución
racial en el trabajo por cuenta propia,
según los tipos de actividades, pero la
observación sociológica demuestra que
los afrodescendientes están subrepresentados en las plazas de mejores
oportunidades y apenas se benefician
del trabajo decente para mejorar su
calidad de vida. La comunidad
afrodescendiente está descapitalizada en
sentido general. No cuenta con los
conocimientos profesionales que ahora
son rentables ni con recursos suficientes
para enfrentar las incertidumbres y retos
de la reforma económica. De este modo
continúan atrapados en los nudos de la
pobreza.
Las prisiones cubanas siguen pobladas
mayormente por afrodescendientes; las
tímidas reformas recrudecen las
desigualdades y estructuran la nueva
economía sobre bases raciales; los

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