IDENTIDADES 1 ESPAÑOL IDENTIDADES 7 ESPAÑOL | Page 107

públicas
ni
de
delimitar
responsabilidades, legalidad y campos de
acción. De esa manera el Estado
simplemente actuaba y complicaba las
dinámicas en todos los ámbitos de la vida
social. En el contraste destructivo entre la
acción “espontánea” del régimen y la
realidad, la práctica política asumida es
de hecho, no de derecho. La política
desemboca inevitablemente en la urgencia
y no en los actos ordenados y
contrastados con y desde la ley. Así se
actuaba en la época del inmovilismo y así
comienza a actuarse en la época de la
apertura: la práctica como criterio de la
acción, no la ley. Segunda: el divorcio de
la Constitución cubana con la realidad
social. Ninguno de los artículos de la
Constitución puede ser respetado si Cuba
necesitaba y necesita tener vida social,
económica y cultural. Un hecho político
esencial para entender la dinámica de la
Revolución y del poder en los últimos 56
años es la tolerancia de la ilegalidad
marginal
como
instrumento
de
supervivencia de todos los actores de la
sociedad cubana. El sacrificio de la
institucionalidad ha sido el costo, pero al
mismo tiempo ha alimentado la necesidad
de acoplar las instituciones y la
Constitución al país real. Tercera y
última: la legitimidad social de todos los
actores, los estatales y los no estatales,
permite la vuelta al debate sobre los
valores universales y el trabajo básico de
legitimación social necesario para
impulsar reformas constitucionales, al
margen de la Constitución, tal y como
hace el gobierno. Aquí la pregunta es:
¿por qué las reformas inconstitucionales
que hace el gobierno son legítimas, y las
que propone la sociedad civil no lo son?
Agendas mínima y máxima
Esta última cuestión es fundamental en la
estrategia y la táctica que desplegamos
desde Consenso Constitucional y desde

#Otro18: movernos social y políticamente
en las brechas institucionales que nos dan
la Constitución y las leyes actuales para
fortalecer los escenarios hacia reformas
constitucionales de mayor calado.
Trabajamos para ello con dos agendas,
ahora en forma de anteproyectos de
reforma del sistema electoral: una Agenda
Mínima y una Agenda Máxima. La
primera propone una serie de reformas
minimalistas al sistema electoral,
utilizando
también
los
espacios
asociacionistas que permiten las leyes
actuales con el propósito de abrir y
legitimar el juego frente a la sociedad. Un
paso esencial es ponerlas a consideración,
escalonadamente,
de
expertos
y
especialistas en sistemas electorales y en
teoría política, con vistas a colocarlas en
una perspectiva más amplia de reforma
constitucional. Un segundo paso es
convertirlas en agenda política legal para
la deliberación ciudadana al interior de la
sociedad civil y, más tarde, en Mesas de
Iniciativa Constitucional a lo largo de
todo el país con la ciudadanía. Para esta
fase pretendemos contar y dominar las
técnicas y herramientas más rigurosas de
la democracia deliberativa, de modo que
el proceso, sociológicamente, pueda ser
medido con criterios no solo políticos,
sino científicos. La encuesta deliberativa
adquiriría aquí un papel fundamental para
generalizar el proceso en nivel más
público. Empezaremos con la Agenda
Mínima. Intentamos en febrero, antes del
encuentro de marzo en Pittsburgh, realizar
un foro de la sociedad civil para sostener
una conversación estructurada con actores
y multiplicadores sociales y políticos,
para dialogar sobre esta agenda mínima.
Después reinstalaremos las Mesas de
Iniciativa Constitucional con una doble
agenda: los ejercicios de democracia
deliberativa y el empleo de sus
herramientas de forma práctica para
deliberar la Agenda Mínima con la
107