Hatun Hillakuy 2008-Hatun Willakuy. Versión abreviada del Informe | Page 89

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captura de Guzmán, o con expertos de inteligencia del Ejército que trabajaban en
el SIN, como el general Eduardo Fournier.
Las incansables denuncias sobre violaciones de los derechos humanos tuvieran
un nuevo impulso a partir del hallazgo de las fosas donde se encontraban los
restos de un profesor y nueve estudiantes de la Universidad La Cantuta en julio de
1993. El gobierno de Fujimori no asumió responsabilidades; por el contrario, optó
por la descalificación de la legitimidad de los denunciantes y su permanente hos-
tigamiento. Teniendo al SIN como su principal aparato político, el gobierno conti-
nuó con una serie de cambios intencionales de la legislación que supuso la elimi-
nación práctica de la independencia de poderes con la finalidad de garantizar la
impunidad para los agentes estatales implicados en violaciones de derechos hu-
manos. Así, la existencia de una mayoría de representantes oficialistas en el Con-
greso Constituyente Democrático permitió la utilización de diversos voceros para
salir al frente de las denuncias y, sobre todo, para aprobar en 1995 una ley de
amnistía para las violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas del
orden que garantizara una completa impunidad.
Lejos de revertirse, el proceso de corrupción normativa continuó el resto de
la década con el objetivo de asegurar la prolongación del régimen. Para ello, el
gobierno utilizó, con fines electorales y de control político, la estructura militar
desplegada con pretexto de la contrasubversión, en un contexto en el que la
subversión se replegaba. Explotó en los medios de comunicación, con fines de
propaganda política, las últimas acciones de gran impacto de la guerra interna
que concluyeran en éxitos, al tiempo que manipulaba el miedo de la población
con la amenaza del «terrorismo». Así, las operaciones contrasubversivas deja-
ron de ser un medio para capturar líderes subversivos y terminar finalmente
con las acciones del PCP-SL y del MRTA, para convertirse en un medio de
propaganda para el gobierno, en el mejor de los casos, y, en el peor de los casos, en
un instrumento para desviar la atención pública de los excesos y los delitos que
se denunciaban cada vez con más frecuencia. Esto fue posible, en gran medida,
por el progresivo y casi total control de medios de comunicación masivos,
comprados con el dinero del Estado.
Las últimas acciones de gran impacto de la guerra interna concluyeron en
éxitos explotados por el gobierno. Por ejemplo, el asalto a la residencia del emba-
jador japonés en Lima en diciembre de 1996 por un comando del MRTA, encabe-
zado por su líder máximo Néstor Cerpa, que mantuvo cautivos a 72 rehenes,
concluyó con la operación de rescate Chavín de Huántar. Luego del revés militar
sufrido en el conflicto del Cenepa de inicios de 1995, el gobierno utilizó los festejos
por la exitosa liberación de los rehenes para su legitimación. Por otro lado, en
julio de 1999, luego de un enorme y publicitado operativo militar para cercarlo,
fue capturado cerca de la ciudad de Huancayo el líder senderista disidente Óscar
Ramírez Durand, Feliciano, quien había rechazado la propuesta de acuerdo de
paz de Abimael Guzmán y mantenía vigente la guerra popular iniciada en 1980.
Ramírez Durand era el último de los altos dirigentes del PCP-SL que seguía libre.
Preocupado más por asegurar su continuidad, y aún resaltando su imagen de
mano dura sin concesiones frente a la subversión, Fujimori terminó descuidando
en la práctica la política contrasubversiva y no dio una solución final al problema