Hatun Hillakuy 2008-Hatun Willakuy. Versión abreviada del Informe | Page 61

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dente Alberto Fujimori, llevaron a la detención de miles de personas acusadas de
formar parte del PCP-SL y del MRTA. 22 Muchas de ellas fueron procesadas sin
que se respetaran principios elementales del debido proceso y en varios casos con
insuficiente evidencia como para ser condenados en juicios regulares.
La magnitud de los errores cometidos por el sistema implantado para procesar
a los acusados por delito de terrorismo y traición a la patria en esos años obligó al
Estado a establecer el mecanismo del indulto por el que se debió liberar en muy
poco tiempo a cientos de sentenciados que eran inocentes. 23 Asimismo, esos erro-
res provocaron que, a la larga, ante los fallos de la Corte Interamericana de Dere-
chos Humanos sobre violaciones al debido proceso en el Perú, el Tribunal Consti-
tucional declarara nula, en el 2002, gran parte de la llamada «legislación
antiterrorista» promulgada por el gobierno de Alberto Fujimori.
A lo largo de estos tres grandes ciclos estratégicos, la tortura fue una práctica
sistemáticamente utilizada por las fuerzas del orden como técnica de interrogato-
rio para obtener información de presuntos subversivos capturados o como forma
de castigo e intimidación. Como se aprecia en el gráfico 10, el patrón de tortura a
lo largo de todo el período investigado es una constante que acompaña los picos
estadísticos de ejecuciones, luego las desapariciones forzadas de 1984 y 1989, y,
por último, el período de mayores detenciones legales.
De acuerdo con los resultados mostrados en el cuadro 2, existen significativas
correlaciones entre la distribución de los casos reportados a la CVR de ejecuciones
arbitrarias, desapariciones forzadas y torturas cometidas por agentes del Estado
entre 1980 y 2000. Por otro lado, existen débiles correlaciones entre los casos de
detenciones con los de ejecuciones y desapariciones, así como también muestran
una débil correlación con los casos de tortura.
CUADRO 2
22
23
Según el Ministerio Público, los años con mayor número de detenciones oficiales realizadas por fuerzas
del orden son 1993 (4,085 detenciones) y 1994 (4,948 detenciones).
Sólo entre 1996 y 1999 se debió liberar, por el trámite del indulto a 502 personas injustamente
condenadas, lo que no cubrió el total de casos (Defensoría del Pueblo, 2000).