Hatun Hillakuy 2008-Hatun Willakuy. Versión abreviada del Informe | Page 62

• La primera orientación es aquélla donde resulta más frecuente la utilización
de métodos como ejecuciones arbitrarias o desapariciones forzadas, desti-
nados a eliminar físicamente a las personas consideradas como presuntos
subversivos, colaboradores o simpatizantes, así como en muchos casos el
propio entorno social o familiar de estos grupos.
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Las fuerzas de seguridad del Estado tenían, como es natural, una ventaja de
partida sobre las organizaciones subversivas: contaban con todos los mecanismos
de control del Estado de Derecho. Sin embargo, no se apoyaron en ellos, sino que,
por el contrario, los consideraron frecuentemente un obstáculo para su actuación.
La CVR considera que si la autoridad civil no hubiera abdicado su responsabili-
dad, las fuerzas estatales hubieran estado en mejores condiciones de adaptar más
prontamente sus estrategias al desafío de la subversión sin necesidad de infligir
atropellos a la población civil. En cambio, la impunidad en la que se desenvolvie-
ron sólo sirvió de aliento para continuar utilizando estrategias con un fuerte com-
ponente de violaciones de los derechos humanos.
Es necesario precisar que, ante esta orientación trasgresora de los derechos
humanos, el sistema judicial no asumió su obligación de aplicar la ley a los respon-
sables de los crímenes que se cometían. En la inmensa mayoría de los casos, la
propia Corte Suprema, ante contiendas de competencia planteadas por los tribu-
nales militares, abandonó sus atribuciones constitucionales y cedió los casos a la
justicia militar. Lo hacía aceptando la tesis según la cual crímenes como la tortura,
la desaparición de personas y la ejecución arbitraria eran «delitos de función». En
los tribunales militares, los casos fueron usualmente archivados o, en un puñado
de ocasiones, tipificados y penados con gran lenidad. Por último, el gobierno de
Alberto Fujimori encontró la manera de prescindir incluso de las autoridades judi-
ciales obsecuentes al hacer aprobar una ley de amnistía en el llamado «Congreso
Constituyente Democrático».
Durante el gobierno de Alberto Fujimori la abdicación de la autoridad civil ya
señalada cobró otro cariz; ésta se plegó, o se subordinó, de hecho a la visión estra-
tégica y política de las Fuerzas Armadas. La alianza entre el gobierno de Fujimori
y un sector de las Fuerzas Armadas cerró las puertas a toda fiscalización y abrió el
paso a la más amplia impunidad tanto en lo que concierne a las violaciones de
derechos humanos como en lo relativo a la corrupción a gran escala.
La estrategia militar del PCP-SL, pese a la fascinación que ejercía sobre sus
seguidores y a la mistificación ideológica que intentó consagrarla como un su-
puesto avance científico de validez universal, fue bastante unívoca y poco varia-
ble. El PCP-SL no tenía que responder al control de ninguna instancia porque no
reconocía ideológicamente ningún valor a los derechos humanos, ni siquiera como
un asunto de imagen pública.
Por el otro lado, la complejidad de los giros estratégicos adoptados por el
Estado a lo largo de la lucha contrasubversiva sugiere la existencia de dos gran-
des orientaciones y prioridades excluyentes, cada una de las cuales se asocia a un
cierto tipo de patrones de violación de los derechos humanos, con diferentes
niveles de gravedad: