Hatun Hillakuy 2008-Hatun Willakuy. Versión abreviada del Informe | Page 470

129. La CVR considera que la dictadura de Alberto Fujimori pretendió legalizar
de forma espuria la impunidad a las violaciones de los derechos humanos
realizadas por agentes del Estado, logrando que el Congreso Constituyen-
te Democrático aprobase por mayoría dos leyes de amnistía que vulnera-
ban disposiciones constitucionales y tratados internacionales soberanamente
ratificados por el Perú. Salvo una honrosa excepción, 12 los jueces renuncia-
ron a su facultad de aplicar el control difuso de la constitucionalidad de las
leyes.
130. La CVR ha constatado que el resultado de la aplicación estricta y acrítica
de la legislación antiterrorista de 1992 permitió que en el procesamiento de
detenidos no se garantizara la imparcialidad de los juicios. Cientos de per-
sonas inocentes tuvieron que sufrir largas condenas; la violación de las
garantías al debido proceso arrojó una sombra de duda sobre los procesos
realizados. El descrédito sufrido por el sistema judicial durante el régimen
presidido por Alberto Fujimori favoreció a los verdaderos subversivos cuan-
do, años después, el Estado tuvo que realizar nuevos juicios a partir de
pruebas escasas. De otro lado, los sentenciados por terrorismo sufrieron
las condiciones vejatorias de la dignidad humana de las cárceles en las que
los recluyeron, que no conducían en absoluto a su rehabilitación. La situa-
ción carcelaria, en efecto, poco atendida por los jueces de ejecución penal,
dio lugar a motines y masacres en 1985, 1986 y 1992.
131. La CVR debe indicar que el Ministerio Público —salvo honrosas excepcio-
nes— abdicó su función de controlar el estricto respeto de los derechos
humanos que debía observarse en las detenciones y se mostró insensible a
los pedidos de los familiares de las víctimas. Por el contrario, se omitió el
deber de denunciar crímenes, se investigó sin energía y se realizaron muy
deficientes trabajos forenses; todo lo cual coadyuvó a la situación de
descontrol e impunidad. Bajo la dictadura de Fujimori, la obsecuencia del
Ministerio Público ante los imperativos del Poder Ejecutivo fue total.
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Prueba de que era posible objetar esta impunidad la constituye la valiente actitud de la doctora Antonia
Saquicuray, que conoció el caso Barrios Altos, sustentando la inconstitucionalidad de la ley de
amnistía.
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128. Otra práctica generalizada que la CVR ha comprobado consiste en que los
operadores de justicia incurrieron en falta contra su deber de cautelar los
derechos de los ciudadanos al declarar improcedentes los recursos de hábeas
corpus. El tribunal de garantías constitucionales —vigente hasta 1991— evitó
sistemáticamente llegar a sentencias fundadas. Esta situación contribuyó, en
no poca medida, a que las detenciones arbitrarias culminasen en torturas,
ejecuciones arbitrarias y desapariciones forzadas.