Hatun Hillakuy 2008-Hatun Willakuy. Versión abreviada del Informe | Page 47

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La CVR llegó al pleno convencimiento de que los crímenes y violaciones de
derechos humanos perpetrados por las organizaciones subversivas y por las fuer-
zas de seguridad del Estado estuvieron lejos de ser simples excesos, es decir,
errores aislados y extraños a la conducta típica de los actores armados. Por el
contrario, ellos reflejaron cursos de acción deliberados. El conflicto armado in-
terno fue especialmente oneroso en vidas humanas por la aplicación de estrate-
gias de guerra que asumieron muchas veces como un costo necesario la perpe-
tración de actos que constituían graves infracciones al Derecho Internacional
Humanitario, crímenes de lesa humanidad, y violaciones al ordenamiento legal
y constitucional del Perú.
Del lado del PCP-SL, su ideología lo condujo a aplicar tácticas sumamente
violentas y brutales y lo hizo impermeable no sólo a elementales valores humani-
tarios sino, incluso, a los mismos datos de la realidad. Se negó a cambiar los
lineamientos esenciales de la estrategia que había elegido suponiendo que un con-
flicto cada vez más expandido e intenso era favorable a su causa.
Del lado de los agentes del Estado, estos percibieron el reto de reprimir a la
subversión en democracia y respetando los derechos humanos como un obstácu-
lo, y no como una forma de legitimidad. La abdicación del poder civil hizo posible
que el peso del diseño y ejecución de la estrategia contrasubversiva cayera, fun-
damentalmente, en las Fuerzas Armadas, a las que se garantizó de diversas formas
mecanismos de impunidad que, una vez perdida la democracia, se institucionalizaron
en la forma de una amnistía general.
Sin embargo, el costo político de prácticas como las ejecuciones arbitrarias y las
desapariciones forzadas, así como la necesidad de una mayor eficiencia en la lucha
contrasubversiva produjeron en las fuerzas del orden revisiones estratégicas que
variaron el patrón de violaciones de los derechos humanos existentes, pero que de-
jaron graves problemas sin resolver en la situación carcelaria y judicial.
La CVR ha identificado, pues, patrones de crímenes y violaciones de los dere-
chos humanos perpetrados por las organizaciones subversivas y por las fuerzas
contrasubversivas como parte de sus respectivas estrategias. Los tipos hallados y
documentados son los siguientes: desapariciones forzadas; ejecuciones arbitrarias;
asesinatos y masacres; torturas y tratos crueles, inhumanos o degradantes; violen-
cia sexual contra la mujer; violación del debido proceso; secuestros y tomas de
rehenes; violencia contra niños y niñas, y violación de derechos colectivos.
L A ATRIBUCIÓN DE RESPONSABILIDADES INDIVIDUALES
La satisfacción de la justicia implica la determinación de responsabilidades. Al
igual que en la justicia hay diversas dimensiones, en la determinación de la res-
ponsabilidad la CVR fue más allá del estricto límite de la responsabilidad penal.
La CVR no contó con facultades jurisdiccionales. La jurisdicción, por su propia
naturaleza, se ejerce en la función de «decir derecho», lo que incluye que la deter-
minación de responsabilidades en la jurisdicción es definitiva y definitoria, en el
marco de los estándares internacionales de derechos humanos. El mandato enco-
mendado a la CVR se restringió a facilitar a los órganos competentes esa labor de
determinación.