Hatun Hillakuy 2008-Hatun Willakuy. Versión abreviada del Informe | Page 468

118. Sin embargo, la CVR debe anotar que a partir de 1985 funcionaron comi- siones investigadoras sobre casos de gran impacto en la opinión pública. Aunque ninguna logró quebrar el círculo de la impunidad, los debates par- lamentarios y los dictámenes en minoría generaron corrientes importantes de opinión pública en contra de las violaciones de los derechos humanos. No obstante, si bien el Congreso llevó adelante la investigación de impor- tantes casos de violaciones de los derechos humanos perpetradas por las fuerzas del orden, no hizo un esfuerzo similar para investigar y demandar sanción sobre terribles casos de violaciones perpetradas por el PCP-SL. 119. La CVR anota que, en el Congreso surgido a partir de las elecciones de 1990, el Ejecutivo careció por primera vez de mayoría propia. Aprovechan- do el desgaste de los partidos políticos y el desprestigio del Poder Legisla- tivo, el gobierno de Alberto Fujimori, y los promotores de una política contrasubversiva autoritaria y militarizada, sobredimensionaron su in- eficacia y sus problemas y no tuvieron reparos en disolverlo en 1992. 120. La CVR halla que, entre 1990 y 1992, el Congreso adquirió otra fisonomía. El que no existiese una mayoría del partido de gobierno y el avance de la subversión empujaban a una mayor concertación y a participar de manera más activa en el diseño de una política contrasubversiva dentro de marcos democráticos. Esa nueva actitud se hizo visible en el debate sobre legisla- ción contrasubversiva de noviembre de 1991. De otro lado, en materia de su función de control parlamentario, el Congreso de 1990-1992 intervino en situaciones de violaciones de derechos humanos en el conflicto armado interno. Sin embargo, el golpe de Estado de abril de 1992, que cerró el Parlamento con la anuencia de un sector mayoritario de la opinión pública, mostró que ése fue un esfuerzo tardío e insuficiente para controlar a los poderes fácticos y corrientes autoritarias del país. Para entonces los parti- dos políticos parlamentarios evidenciaban claros signos de agotamiento y crisis. 121. La CVR considera que, después del golpe de Estado de 1992, el Congreso careció de capacidad de fiscalización, tanto por el recorte constitucional de sus atribuciones como por la mayoría parlamentaria absoluta que mantu- vo la bancada del gobierno hasta el año 2000. 122. A la CVR le ha sido dado constatar que, en muchos casos, la mayoría oficialista del Congreso después del golpe de Estado, a pesar de la actitud valiente de congresistas de la oposición, no sólo abdicó su función consti- tucional de fiscalización, sino que avaló y promovió el encubrimiento y la impunidad. Un hito en ese proceso fue la aprobación, el 15 de junio de 1995, de la ley 26479 o ley general de amnistía. El Parlamento se convirtió en la práctica en una caja de resonancia de los planteamientos del Poder Ejecutivo y del SIN. 455 esta decisión condujo al debilitamiento del poder democrático civil y a la reducción de la política contrasubversiva a un ámbito de represión y con- trol militar.