Hatun Hillakuy 2008-Hatun Willakuy. Versión abreviada del Informe | Página 462

87. La CVR encuentra responsabilidad política en el gobierno de Acción Po-
pular por su tolerancia a las violaciones de derechos humanos cometidas
por parte del Estado, principalmente contra la población indígena, la más
desprotegida y marginada del país, y halla en ella una lamentable muestra
de esos hábitos de discriminación y racismo existentes en la sociedad pe-
ruana.
88. Las cifras de la CVR revelan que, según un análisis por año, entre 1983 y
1984 se produjo la mayor cantidad de muertes de todo el conflicto, causa-
das por las campañas de asesinatos del PCP-SL y la cruenta respuesta ofi-
cial, que según los cálculos de la CVR dejaron 19,468 víctimas fatales, es
decir, 28% del total estimado para todo el conflicto armado interno. Estas
cifras pasaron casi inadvertidas para el resto del país, debido a las graves
fracturas étnicas de nuestra sociedad.
E L GOBIERNO DEL P ARTIDO A PRISTA P ERUANO
89. La CVR expresa su reconocimiento especial a todas las víctimas pertene-
cientes al Partido Aprista Peruano, muchas de las cuales fueron autorida-
des locales que permanecieron en sus puestos a pesar de la intensidad de la
violencia. La CVR resalta, también, el esfuerzo realizado por el gobierno
del presidente Alan García Pérez por preservar el sistema democrático, las
elecciones locales y generales y la libertad de prensa, en el contexto de una
difícil situación en medio del peor conflicto armado interno de la historia
republicana del país.
90. La CVR considera que, al asumir el doctor Alan García Pérez el gobierno
en julio de 1985, impulsó una serie de políticas sociales para reorientar la
estrategia contrasubversiva en marcha. El objetivo explícito fue derrotar
a la subversión mediante políticas de desarrollo dirigidas a los campesinos
y a las regiones más pobres. El nuevo gobierno asumió como propias las
críticas a la actuación de las Fuerzas Armadas que se venían haciendo des-
de el período gubernamental previo.
91. Esta política, de respeto a los derechos humanos y de denuncia de las vio-
laciones de los mismos, se expresó, por ejemplo, en las sanciones aplicadas
a los jefes militares responsables de la matanza de Accomarca (agosto de
1985). El gobierno buscó así el control civil sobre la acción militar. Creó,
asimismo, una Comisión de Paz y llevó adelante iniciativas en el campo de
la unificación policial y la creación del Ministerio de Defensa.
92. La CVR considera, sin embargo, que la llamada «masacre de los penales»
ocurridas los días 18 y 19 de junio de 1986 en los centros penitenciarios de
Lurigancho y El Frontón marcó un punto de inflexión a partir del cual las
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se sustentaba en la intención y la expectativa de acabar con la subversión
en el corto plazo, sin considerar su costo en vidas humanas. Dicha política
fue ratificada por la ley 24150 promulgada en 1985.