Hatun Hillakuy 2008-Hatun Willakuy. Versión abreviada del Informe | Página 463

450 Fuerzas Armadas actuaron con mayor autonomía en su actividad contrasubversiva, sin que el Poder Ejecutivo ni el Poder Legislativo las proveyeran de un marco legal para ello. 93. La CVR encuentra grave responsabilidad política en el gobierno del PAP en relación con estos casos, sin perjuicio de otras responsabilidades indivi- duales que sean determinadas en otras instancias judiciales nacionales o internacionales. 94. La CVR considera el encubrimiento de la matanza de Cayara ocurrida en mayo de 1988, como paradigmático de la nueva actitud del partido de gobier- no frente a la actuación de las Fuerzas Armadas en la lucha contrasubversiva. La comisión investigadora conformada en el Senado de la República, presi- dida por el parlamentario del PAP Carlos Enrique Melgar, dictaminó que la matanza no había ocurrido, mientras que la minoría de dicha comisión y un fiscal aseguraban lo contrario. El dictamen, no obstante, fue aprobado por la mayoría aprista. Las investigaciones de la CVR confirman la matan- za de Cayara y encuentran responsabilidad política en el PAP por colabo- rar en el encubrimiento de dicha masacre. 95. La CVR ha constatado que el gobierno del PAP puso en marcha un proceso de reorganización de las tres instituciones policiales existentes, atendien- do a reclamaciones sobre la crisis de corrupción e ineficiencia. Ello derivó en lo que más adelante sería la policía nacional. El PAP tuvo un especial interés en controlar a la policía a través del Ministerio del Interior. En el proceso se crearon nuevas unidades como la Dirección de Operaciones Especiales (DOES), preparada para la lucha contrasubversiva y se fortale- ció el trabajo de inteligencia contra el terrorismo. 96. La CVR estima que la aguda crisis económica y política que vivió el Perú a partir de 1988 favoreció el desarrollo de las agrupaciones subversivas y la vorágine de violencia. El fracaso del programa económico y el inicio de la hiperinflación llevaron a una situación de grave inestabilidad en el país. Desde el fallido intento de estatización de la banca, el gobierno perdió el respaldo de los grupos empresariales y financieros del país. Las marchas y contramarchas en las políticas económicas agudizaron la tensión social existente, agravada por el colapso de los servicios básicos. El PCP-SL apro- vechó esos espacios de descontento para iniciar sus propias marchas de protesta hasta en la misma capital. 97. La CVR ha recogido testimonios que sugieren la existencia de policías vinculados a actividades de escuadrones de la muerte y comandos paramilitares utilizados contra presuntos subversivos. Una serie de sucesos, como la aparición del mal llamado Comando Rodrigo Franco, el enfrentamiento entre una patrulla del Ejército y una columna del MRTA en el paraje de Los Molinos, el ataque del PCP-SL al puesto policial de Uchiza, la vacancia de cargos municipales en 1989 y el escape de los miembros del MRTA del penal Castro Castro en 1990, entre otros, potenciaron la imagen de desgobierno y caos en el país. Al mismo tiempo,