Hatun Hillakuy 2008-Hatun Willakuy. Versión abreviada del Informe | Page 461

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81. La CVR encuentra que el conflicto armado interno fue considerado por
varios meses como un problema marginal que había tomado por sorpresa
al Estado y a todas las fuerzas políticas del país. 9 Debe señalarse que el
tiempo perdido en diagnósticos errados o interesados fue crucial para el
asentamiento del PCP-SL en diversas áreas del campo ayacuchano, sin una
respuesta estatal organizada por el gobierno.
82. La CVR constata que el gobierno optó por enfrentar al PCP-SL con las
Fuerzas Policiales y con medidas de excepción que se prorrogaron ininte-
rrumpidamente. Las limitaciones de las Fuerzas Policiales, divididas en
tres instituciones sin coordinación entre ellas, desprovistas de equipamiento
básico y sin el respaldo de una política contrasubversiva coherente gene-
raron, en poco tiempo, un rechazo de la población que fue trasladado ha-
cia el gobierno. Éste, ante la actividad cada vez más violenta del PCP-SL,
optó por ceder la conducción de la lucha contrasubversiva a las Fuerzas
Armadas a fines de 1982.
83. La CVR considera que la decisión adoptada por el gobierno de Acción
Popular inició un proceso de militarización que duró más de una década y
que tuvo graves consecuencias para el país. Con el establecimiento de CPM y
ante la inoperancia del poder político para contribuir en la lucha
contrasubversiva en los campos no militares, se produjo una subordinación
de hecho de las autoridades civiles locales a las estrategias contrasubversivas
de las Fuerzas Armadas.
84. La CVR ha establecido que la creación de los CPM y la intervención de las
Fuerzas Armadas se realizaron sin tomar las previsiones indispensables
por parte de la autoridad civil para salvaguardar los derechos fundamen-
tales de la población, lo que produjo numerosas violaciones de los dere-
chos humanos de manera sistemática y/o generalizada.
85. La CVR concluye que el gobierno de Acción Popular toleró estas violacio-
nes de los derechos humanos haciendo caso omiso de las numerosas de-
nuncias por diversas fuentes gubernamentales y de la sociedad civil. Tal es
el caso de matanzas como las de Putis, Pucayacu y Cabitos, entre las más
notorias. Asimismo, durante ese período de gravísima violencia, el Parla-
mento, con mayoría del partido del gobierno, no nombró ninguna comi-
sión investigadora. La única comisión fue nombrada por el Ejecutivo para
investigar la matanza de ocho periodistas en la comunidad de Uchuraccay,
donde la CVR ha constatado que murieron, además, 135 campesinos
quechuas en el transcurso del año posterior a la masacre, la mayoría a ma-
nos del PCP-SL.
86. La CVR encuentra que esa injustificada tolerancia del gobierno de Acción
Popular hacia los atropellos a los derechos fundamentales de la ciudadanía
9
Los principales actores políticos lanzaron acusaciones contradictorias entre sí en las que denunciaban,
simultánemente, como a los perpetradores de los actos terroristas al gobierno cubana y a la CIA, a la
izquierda legal y al gobierno, e, incluso, a los militares velasquistas o de ultraderecha.