Hatun Hillakuy 2008-Hatun Willakuy. Versión abreviada del Informe | Page 342

En agosto de 1996 la intención de seguir en el poder de parte del ingeniero Fujimori
se hizo manifiesta. Sus congresistas aprobaron una ley que se conoció como la
Ley de Interpretación Auténtica. Ésta decía que, si bien la Constitución de 1993
permitía sólo una reelección, eso no se aplicaba a Fujimori, pues éste sólo había
sido elegido una vez con la nueva Carta Magna; es decir, estaba habilitado para
una tercera postulación, que sería solamente la segunda desde la aprobación de
la nueva Constitución.
En este contexto, sucedió el hecho sorpresivo ya mencionado en este volu-
men: el secuestro de más de 400 personas en la residencia del embajador de Ja-
pón por parte de un comando del MRTA. Ese número se redujo pronto hasta
quedar en una cifra de 72 rehenes, que vivirían cuatro meses de cautiverio hasta
el día de su liberación por medio de un operativo militar que recibió el nombre de
Chavín de Huántar.
El éxito de la operación provocó un notorio ascenso de la popularidad del régi-
men y, sobre todo, dejó en segundo plano graves denuncias que se venían acumu-
lando y que señalaban con insistencia cada vez mayor a Vladimiro Montesinos.
El gobierno no pudo mantener el rédito político obtenido a partir de la opera-
ción debido a varios factores. En primer lugar, las denuncias continuaron. 10 El
gobierno aprovechó la popularidad obtenida del triunfo de la operación para
sostener su imagen mientras cometía diversos atropellos. Uno de los más graves
ocurrió en mayo de 1997 cuando la mayoría del Congreso destituyó a tres
magistrados del Tribunal Constitucional por haber fallado en contra de la ley de
interpretación auténtica, aunque el cargo formal fue haberse excedido en sus fun-
ciones al realizar una «aclaración» a su fallo.
El uso político del terrorismo
En los años siguientes el gobierno siguió montando operaciones de propaganda
dirigidas por el SIN, y realizadas gracias al creciente control de los medios de
comunicación, en las que explotaba el tema del «terrorismo». Entre las manio-
bras desarrolladas, destacó la recurrencia a la acusación o calificación de terroris-
tas, dada por miembros del gobierno a actividades desarrolladas por la oposición
o incluso a algunos de sus propios miembros. Desde 1998, ya con un mayor con-
trol de los medios de comunicación masiva, se hizo frecuente la práctica de disua-
10
Por ejemplo, en junio, Contrapunto reveló la existencia de 197 casos de intervención telefónica efec-
tuada por los servicios de inteligencia.
El despliegue de la Operación Chavin de Huántar
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presidencial. La idea de un gobierno de más de una década estaba también en el
Plan Político-Militar mencionado páginas atrás. También era parte de ese esque-
ma el funcionamiento del SIN como un órgano de espionaje y amenazas, cuyo
trabajo se enfocaba, no en una subversión ya poco visible, sino en cualquier orga-
nización o persona que se perfilara como opositora o como competencia política
para el grupo de poder.